El Gobierno promulgó la Ley de Discapacidad pero sin financiamiento

El presidente Milei promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento en el Congreso. 

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de este lunes 22. En el texto, el ejecutivo justifica suspensión de la aplicación por el “impacto fiscal” que, según entiende, implicaría para las cuentas del Estado. De acuerdo a los cálculos oficiales, la creación de una nueva pensión demandaría $2.166.985.900.000 durante 2025 (equivalente al 0,26 % del PBI) y un adicional de $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47 % del PBI).

Asimismo, Javier Milei justificó que si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”.

Según el Ejecutivo, el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”. En el resolución del B.O. se agrega que la facultad otorgada al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.

La ley establece:

- Creación de la PNC por Discapacidad para Protección Social (70% del haber mínimo, compatible con empleo hasta 2 SMVM).

- Cobertura médica garantizada a través del Programa Incluir Salud y prestaciones de la Ley 24.901.

- Compensación de emergencia a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación.

- Exención del 50% de contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad.

- Fortalecimiento institucional de ANDIS, con auditorías inclusivas y metas de transparencia.

Esta promulgación fue comunicada formalmente al Congreso, a la espera de que se adopten las medidas presupuestarias para brindarle una viabilidad efectiva de la emergencia nacional en discapacidad.