El Gobierno vetó la ley de financiamiento universitario y la oposición define si buscará revertirlo

El Gobierno nacional formalizó este miércoles el veto total a la ley de financiamiento universitario, una iniciativa que había sido aprobada a principios de agosto en la Cámara de Diputados con 158 votos afirmativos, pero que no alcanzó la mayoría agravada de dos tercios. Ahora, la oposición deberá reunir esa cantidad de respaldos si quiere rechazar el veto presidencial en la sesión especial que prepara para el próximo miércoles.

La norma había sido impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, hospitales universitarios y partidas de investigación, además de la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes, y el aumento de becas estudiantiles.

Desde la Casa Rosada, la iniciativa fue rechazada de plano. El Gobierno argumentó que implicaría un costo fiscal “demasiado alto” y que pondría en riesgo el superávit, considerado clave para la política económica. Según cálculos oficiales, la aplicación de la ley demandaría en 2025 más de un billón de pesos adicionales.

En el decreto de veto, publicado en el Boletín Oficial, se advirtió que la norma no cumple con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que obliga a identificar de manera precisa las fuentes de recursos que permitan solventar los gastos aprobados. Las fuentes previstas en la ley, como una mayor recaudación o reasignaciones de partidas, fueron calificadas por el Ejecutivo como “genéricas” e insuficientes para garantizar la disponibilidad de fondos.

La Casa Rosada remarcó además que este gasto “sin respaldo real” sólo podría financiarse con emisión monetaria, lo que “incrementaría la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables”.

En la misma sesión especial en que se sancionó la ley universitaria, Diputados también aprobó la emergencia en pediatría —por la crisis del Hospital Garrahan— y la distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Ambos proyectos también serán vetados por el Ejecutivo, aunque esos vetos aún no fueron girados al Congreso y el plazo vence este jueves.

Ahora, el escenario queda abierto a la pulseada parlamentaria: la oposición busca los dos tercios necesarios para insistir con la ley, mientras el oficialismo apuesta a sostener el veto y defender el ajuste fiscal como eje de su plan económico. (ANB)