Duro revés

El Senado rechazó el veto presidencial y ratifica la Ley de Emergencia en Discapacidad

La norma, que había sido objetada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada hoy por amplia mayoría en el Senado. Establece actualización de prestaciones, cancelación de deudas a prestadores de salud y nuevos mecanismos de ajuste de pensiones no contributivas.

04/09/2025 17:04 Hs.

Duro revés para Milei a días de las elecciones en Buenos Aires. Foto gentileza

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia nacional en la materia hasta el 31 de diciembre de 2026 y tiene alcance en todo el territorio argentino. Su ratificación en el Senado se produce luego de que el Ejecutivo hubiera vetado parcialmente la norma, pero los legisladores rechazaron el veto, asegurando su entrada en vigencia.

Entre los principales puntos de la ley se destacan la actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023, así como la cancelación de deudas con los prestadores de salud. Además, se establece que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas deberán actualizarse mensualmente según los índices de inflación que informa el INDEC.

Las pensiones no contributivas de discapacidad se fijan al 70% del haber mínimo jubilatorio, y quienes perciban este beneficio podrán trabajar siempre que no superen los dos salarios mínimos. El Poder Ejecutivo financiará con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia para los prestadores.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el impacto fiscal por el aumento de pensiones será de entre 1,889.371 millones y 3,627.495 millones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios nuevos, que podría oscilar entre 493 mil y 946 mil personas.

La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoría para garantizar una evaluación justa y transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios. Este procedimiento deberá asegurar notificaciones fehacientes, debido proceso inclusivo y acceso claro a la información.

Por último, la ley prevé beneficios para los empleadores que incorporen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado, eximiéndolos del pago del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones durante tres años.

Con esta sanción, el Senado reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas con discapacidad y asegura la implementación de medidas clave para garantizar prestaciones dignas y el fortalecimiento del sistema de salud y seguridad social. (ANB)