Más de 400 sanciones a empleados públicos rionegrinos por incumplimientos laborales

Desde principios de este año, un total de 428 sanciones fueron aplicadas a trabajadores y trabajadoras de la administración pública rionegrina, en el marco de lo establecido por la Ley Nº 3487, que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública. Las medidas fueron ejecutadas a través de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Río Negro.

De ese total, se registraron 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones que van desde 1 a 30 días. Según se informó oficialmente, las irregularidades más frecuentes están vinculadas a inasistencias, llegadas tarde reiteradas y conflictos laborales, mientras que las situaciones más graves incluyeron abandono de servicio y condenas penales, lo que derivó en las sanciones más severas.

Además, en el mismo período se iniciaron 144 sumarios administrativos y se dictaron 71 suspensiones preventivas. También se emitieron 21 apercibimientos formales y se cerraron 37 sumarios con el sobreseimiento de los agentes involucrados.

El proceso sancionatorio se inicia con una investigación a cargo de instructores especializados que elaboran un informe detallado para ser evaluado por la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN. Este organismo es el encargado de determinar la sanción correspondiente, en función de la gravedad de los hechos y los antecedentes del agente.

“La Junta Disciplinaria actúa con criterios claros, garantizando procesos justos y decisiones fundadas”, aseguró la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, al referirse al funcionamiento del sistema disciplinario.

Las sanciones previstas en la normativa incluyen apercibimientos, suspensiones, cesantías y exoneraciones. Estas últimas se aplican únicamente en casos de delitos dolosos graves o contra la administración pública, y suponen la desvinculación definitiva del agente.

“Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”, agregó Lastra, en relación a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades laborales en el sector público. (ANB)