¿Un FBI argentino?

El Poder Ejecutivo aprobó, este martes, el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina a través del Decreto 383/2025. La fuerza pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos, incluyendo el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito, mientras se desvincula gradualmente de su papel tradicional en la seguridad urbana, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con este movimiento, el Gobierno busca ampliar la autoridad de la cartera de Seguridad sobre el despliegue, control y jerarquías internas de la policía. Pero la medida ya generó ruidos en el ámbito judicial y fue catalogada como "excesiva", porque apunta al patrullaje de redes sociales sin la necesaria autorización judicial y, por otro lado, a la posibilidad de realizar detenciones sin aprobación de un juez en el caso de que haya circunstancias que “hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”.

El decreto otorga a la cartera a cargo de Patricia Bullrich la facultad de exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores, convocar personal retirado y reorganizar los escalafones internos.

La publicación también establece la creación del Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”, que está bajo la competencia del Ministerio de Seguridad. Este programa será parcialmente financiado mediante la reducción progresiva del ingreso de nuevos suboficiales.

Además, en el decreto, la gestión resalta la necesidad de modernizar el sistema de ingreso y formación de los miembros de la Policía Federal, bajo  un programa de ingreso y formación de universitarios ya graduados, una "práctica común en policías de investigación de otros países", y allí citó el ejemplo del FBI de Estados Unidos.