Condenan a Movistar por no prevenir una estafa con cambio de chip

Un reciente fallo del Juzgado Civil de Viedma sienta un precedente clave en la defensa de los derechos del consumidor frente a los fraudes digitales. La empresa Movistar fue condenada a pagar más de 22 millones de pesos a una usuaria cuya línea telefónica fue intervenida a través de una maniobra de “Sim Swapping”, lo que derivó en el vaciamiento de su cuenta del Banco Patagonia.

El hecho ocurrió el 13 de octubre de 2022. Ese día, la víctima perdió de forma repentina el control de su línea celular. Al intentar acceder a su cuenta bancaria, descubrió que se habían realizado ocho movimientos por un total cercano a los tres millones de pesos, entre transferencias y débitos automáticos (DEBIN) hacia cuentas de terceros.

La maniobra consistió en el pedido remoto de un cambio de chip, donde un tercero logró suplantar la identidad de la titular. Una vez activado el nuevo chip, el estafador recibió los códigos de verificación necesarios para ingresar a la banca digital y validar las operaciones.

El fallo judicial remarcó que Movistar no adoptó las medidas necesarias para proteger la información de su clienta. Se señaló que el sistema de validación por preguntas fue insuficiente y que la empresa no advirtió una anomalía evidente: el uso de la línea en Viedma a las 10:30 y el pedido de cambio de chip desde Neuquén apenas una hora después.

Como consecuencia, Movistar fue condenada a pagar $12 millones por daño material, $908 mil por pérdida de chance, $3 millones por daño moral y $6 millones por daño punitivo. Todos los montos serán ajustados por intereses hasta el momento del pago efectivo.

En cambio, el Banco Patagonia fue desligado de toda responsabilidad. El tribunal entendió que su sistema informático operó correctamente: las operaciones se realizaron desde el dispositivo habitual, con clave token válida, sin registrar cambios de contraseña ni señales de acceso fraudulento. Además, se probó que el código de validación fue enviado al celular registrado por la clienta, que ya había sido intervenido.

La jueza también dispuso que la usuaria deberá restituir al banco más de $1,2 millones que le habían sido otorgados en carácter cautelar durante el proceso judicial. Se distribuyeron además las costas y se regularon los honorarios profesionales.

Este fallo reafirma la obligación de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones de garantizar la seguridad de los datos personales de sus clientes. También deja en claro que, frente al avance de las estafas digitales, los consumidores no deben quedar desprotegidos ante fallas en los sistemas de verificación o controles débiles por parte de las compañías.