Piden al gobierno nacional que revierta la medida que desregulo el mercado de gas envasado

La decisión del gobierno nacional de liberar el precio de las garrafas y desregular el mercado de gas envasado provocó inconvenientes en las regiones más frías del país, incluido Río Negro. Por este motivo legisladores del Partido Justicialista y Nuevo Encuentro pidieron a Nación que revierta esta medida.

Mediante un proyecto de comunicación ingresado en la Legislatura, solicitaron a la Secretaría de Energía de la Nación que revierta las modificaciones introducidas por la Resolución 216/2024, que eliminó los precios máximos para fraccionadores, distribuidores y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).

La iniciativa busca proteger a miles de rionegrinos que dependen del gas envasado para calefaccionarse, especialmente ante la desregulación del mercado impuesta por el gobierno de Javier Milei.

La legisladora Ana Marks expresó en los fundamentos del proyecto que “la eliminación de los precios máximos de referencia, sumado al desmedido aumento de tarifas, es un verdadero atentado contra el poder adquisitivo de las familias rionegrinas”.

También señaló la importancia de contar con un esquema que garantice el acceso al gas envasado, fundamental para afrontar los duros inviernos de la región. “Hasta el cambio de modalidad, los precios máximos garantizaban cierta previsibilidad y acceso a este recurso vital. Ahora, con la desregulación, las familias se ven expuestas a un aumento considerable de precios que afecta su calidad de vida”.

El proyecto destaca que, a pesar de los récords de producción de hidrocarburos en el país, miles de rionegrinos se ven perjudicados por los altos costos del gas envasado, una situación que “pone en evidencia que al Gobierno Nacional no le importan las provincias ni el federalismo, sino que busca imponer un régimen liberal que favorece a las empresas en detrimento de las necesidades básicas de la población”.

Por último, el Bloque PJ-NE exige que la Secretaría de Energía retome un esquema de precios máximos que “acompañe y proteja a las familias rionegrinas”, asegurando un acceso justo y equitativo a un recurso esencial para la vida cotidiana.