Menos voces locales en Radio Nacional Bariloche

Por Nahuel Céspedes

El nuevo paradigma sobre la reestructuración del Estado y lo público, que intenta imponer el gobierno de Javier Milei, apunta directamente a la modificación estructural de Radio Nacional Bariloche, que viene sufriendo una reducción permanente de sus fuentes laborales. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 no se renovaron los contratos artísticos de 4 trabajadores de prensa y en abril prescindieron de los servicios del entonces director, Marcelo Parra. En la actualidad, son 18 trabajadores de los cuales solo 15 conforman la planta permanente y tres están sujetos a una relación contractual eventual que se evalúa anualmente.

Según afirmaron a este medio sus propios trabajadores, desde la administración central de Radio Nacional pretenden que alguien de la planta de la radio en Bariloche asuma las tareas del antiguo rol que ocupaba el director, en cuanto a la decisión comercial, informativa y gerencial, sin percibir una remuneración extra.

Desde la  Gerencia de Radio Nacional habrían realizado una petición para que los mismos trabajadores de las emisoras asuman la tarea de gestionar nuevas publicidades para el financiamiento de los programas locales. En este punto, la medida se contrapone con las tareas determinadas explicitadas en el convenio colectivo que rige la contratación de las y los trabajadores de prensa.

Actualmente, la radio en Bariloche no cuenta con el personal suficiente para llevar adelante la producción de los programas locales. La emisora funciona con el mínimo de operarios técnicos y periodistas, esto sumado a la falta de un puesto de coordinación, concibe un panorama desolador en la histórica radio pública.

Todo este tipo de políticas descansan en el decreto 70/23 que continúa vigente, y que fundamentó la intervención de RTA, con el actual interventor de contenidos públicos,  Eduardo González, que cuenta con cobertura de la Quiaca hasta la Antártida, Radio Nacional, TV Pública, el Servicio RAE de información al exterior y la antigua Agencia Télam.

Las decisiones que se tomaron a partir del mencionado decreto fueron, entre otras, la de eliminar los roles de directores como figura en todas las emisoras del interior, que coordinaban el proyecto comunicacional, la parte comercial y la funcionalidad de la planta de personal. Tareas como la línea periodística y la parte artística en las 49 emisoras del interior, ahora dependen directamente de la Gerencia de Emisoras.

Si bien la privatización fue desplazada de la letra pequeña de la Ley Bases en el calor de la negociación política que se dio en el tratamiento del Senado, se puso en evidencia el desconocimiento del oficialismo sobre el rol de servicio de los medios públicos para la población rural, la cual no gozan con cobertura digital, internet o alguna alternativa a la función que cumple la radio pública. Las radios nacionales de las provincias tienen la especificidad de ser radios de proximidad. 

Los mensajes de Vialidad Nacional, los Consejos de Educación, el Servicio Meteorológico Nacional, los gobiernos provinciales o municipales, defensa o Protección Civil y el tan necesario servicio al poblador rural, para las comunidades que no cuentan con energía eléctrica, o baja conectividad de diversos servicios.

El jueves 4 de julio, se informó la decisión de que todas las radios del país se deberán conectar de 7 a 10 a un programa que será emitido por LRA1 de Buenos Aires. Este segmento horario representa, quizás, el momento de mayor necesidad de la audiencia sobre el servicio informativo. Asimismo se transmitió la obligatoriedad de las emisoras de pasar al aire la conferencia de prensa diaria que brinda el vocero presidencial, Manuel Adorni. El servicio informativo habitual seguirá ocupando el horario del mediodía y se impone en todas las radios un programa deportivo que tendrá lugar desde las 13 horas.

En este sentido, se decidió limitar el espacio radial para los contenidos producidos por las radios del interior, ponderando una única campana informativa elaborada desde la central radial situada en Buenos Aires.

La nueva política del Gobierno nacional implica un silenciamiento y control centralizado en pos de ir demoliendo una visión federalista que se venía construyendo durante años. Se perderá el reflejo de las diversas realidades que viven las comunidades del interior del país. (ANB)