Resistencia
Tensión en El Bolsón: Avanza el desalojo de la comunidad mapuche Coronado Inalef
El plazo para que la comunidad desaloje voluntariamente el territorio ocupado desde abril de 2023, expiró este viernes. La justicia avanza hacia un desalojo forzado, con la comunidad oponiendo resistencia.
Este viernes marcó el fin del plazo establecido por el Juez de Garantías de Bariloche, Juan Pablo Laurence, para el retiro voluntario de los integrantes de la comunidad Coronado Inalef del territorio que ocupan desde abril de 2023. La falta de acatamiento puso en marcha un proceso administrativo que podría desembocar en un desalojo forzado en los próximos días, confirmaron fuentes judiciales.
El plazo fijado por el magistrado en la última audiencia judicial de febrero llegó a su fin, activando los preparativos para un posible desalojo con apoyo policial si fuera necesario. La comunidad, que se asentó en el paraje Mallín Ahogado de El Bolsón, se congregó hoy en el territorio para preparar su defensa, ante la inminencia del desalojo, según informaciones difundidas por ellos mismos.
La situación escaló a las 14:30, cuando el fiscal Francisco Arrien, acompañado por agentes de la Policía de Río Negro, se presentó en el lugar para notificar formalmente el inicio del desalojo. La comunidad Coronado Inalef manifestó su determinación de resistir: "Continuamos resistiendo en nuestro territorio como lo hemos hecho desde generaciones", expresaron, denunciando además la falta de garantías para su seguridad física e integral, así como la de las personas que se acercaron a apoyarles.
La ratificación de la orden de desalojo por parte del juez Juan Martín Arroyo esta semana agudiza la situación. Dicha orden había sido emitida a mediados de febrero por el juez Laurence, y con ella, la confirmación de que el desalojo se efectuará próximamente.
En el contexto de este conflicto, Cristina Coronado Inalef, Mariela Paola Troncoso y René Omar Gutiérrez, miembros de la lof, enfrentan imputaciones por el delito de usurpación, cargos que surgen de episodios de violencia registrados durante el procedimiento, según consta en el expediente.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche denunció el accionar judicial y policial como un atropello contra la Comunidad Coronado Inalef, criticando el uso de la Ley de tierras fiscales 279.
Según la APDH, esta ley se emplea para desconocer los derechos de las comunidades indígenas, favoreciendo intereses de especuladores inmobiliarios. La organización advierte sobre una criminalización de las reivindicaciones territoriales de los pueblos originarios, contrariando principios constitucionales y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. (ANB)
