Puntos clave del proyecto que busca declarar a Bariloche en emergencia: ¿de qué trata?

Por Camila Soldati

El día de ayer, el intendente Walter Cortés presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia en Bariloche, en temáticas cruciales. ANB pudo acceder al proyecto presentado, que comenzará a tratarse por los ediles este miércoles en la sesión del Deliberante. 

El proyecto busca respuestas a una crisis que abarca varios frentes: económico, financiero, fiscal, de servicios y habitacional. Este escenario preocupante se ve reflejado en la reciente sanción de la Ley Provincial 5688, promulgada el 14 de diciembre de 2023, que declara el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial hasta el fin de 2024, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.

La situación de Bariloche no es aislada; es un reflejo de las dificultades que atraviesa la provincia de Río Negro. La ciudad, conocida mundialmente por su imponente belleza natural y como destino turístico de primer nivel, enfrenta hoy una de sus crisis más complejas. El gobierno municipal intentó implementar medidas para reducir el gasto público y equilibrar ingresos y egresos, pero la tarea se volvió titánica debido, en parte, a la reducción de la coparticipación provincial.

Uno de los objetivos primordiales de la gestión municipal es mejorar sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, la falta de recursos económicos suficientes obstaculiza no solo la realización de este objetivo, sino también la capacidad de la municipalidad para cumplir con sus obligaciones futuras tanto con proveedores como en el mantenimiento de la infraestructura esencial de la ciudad.

Además de los desafíos económicos y financieros, Bariloche enfrenta un déficit habitacional alarmante, con un estimado de 10 mil hogares necesitados, lo que representa más del 25% del total de las viviendas de la ciudad. Este problema se exacerbó debido al crecimiento demográfico y a la creciente demanda turística, que encontró en las plataformas de internet un medio para el alquiler temporario de viviendas, dejando en segundo plano el mercado inmobiliario tradicional y la disponibilidad de vivienda permanente para los residentes.

La situación habitacional crítica se ve agravada por las condiciones de hacinamiento, viviendas precarias, y la falta de acceso a la regularización dominial y servicios adecuados. A esto se suma una base contributiva erosionada, con una cantidad significativa de contribuyentes que evaden sus obligaciones fiscales, generando desigualdades y limitando aún más la capacidad del municipio para afrontar las necesidades básicas y realizar inversiones esenciales.

La crisis se extiende al transporte público y al deterioro de la red vial, afectando diariamente a todos los vecinos de Bariloche. Además, la ciudad enfrenta problemas de inequidad estructural de índole social, económica y ambiental, que exigen soluciones integrales y consideración de las distintas capacidades económicas de sus habitantes y las variadas necesidades de sus barrios.

¿Cuáles son los puntos clave del proyecto?

Entre las medidas más destacadas se incluyen la renegociación de contratos de servicios, obras y suministros en los que participe el municipio, priorizando pagos a proveedores críticos y la contratación directa para la provisión de insumos esenciales, sin olvidar la renegociación de la concesión pública de Transporte Urbano de pasajeros. Se enfatiza en la revisión de procedimientos para la enajenación de bienes inmuebles municipales y se prioriza la ejecución de obras viales esenciales.

Un punto clave de la ordenanza es el fomento a los proveedores locales, estableciendo preferencias en la adquisición de bienes y servicios, siempre que sus precios no superen ciertos porcentajes en comparación con ofertas de proveedores no locales. Esta medida busca impulsar la economía regional y apoyar a los productores y comerciantes de Bariloche.

El Departamento Ejecutivo tiene ahora la facultad de realizar operaciones de crédito público y renegociar deudas, utilizando recursos provenientes del régimen de coparticipación municipal y títulos públicos provinciales. Estas acciones están orientadas a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo económico esenciales para la recuperación de la ciudad.

Se establecen directrices claras para el desarrollo urbanístico, exigiendo a los proyectos privados garantizar la ejecución de obras de infraestructura necesarias y contemplar cesiones para reserva fiscal, vivienda social y espacios verdes. Además, se promueven los loteos sociales destinados a satisfacer la demanda habitacional de residentes sin vivienda propia, abriendo nuevas oportunidades para cooperativas, sindicatos y asociaciones civiles.

Para asegurar la transparencia y eficacia de estas medidas, se crea una Comisión de Seguimiento, compuesta por miembros del Departamento Ejecutivo, el Concejo Municipal y el Tribunal de Contralor. Esta comisión tendrá la tarea de informar sobre las acciones realizadas y proponer mejoras en la gestión de la emergencia.

Con estas medidas, Bariloche se embarca en un camino de recuperación y reestructuración, buscando superar la crisis actual y sentar las bases para un futuro más próspero y sostenible para todos sus habitantes. (ANB)