Investigan a empleados públicos por cobrar el programa Potenciar Trabajo

Tras una exhaustiva investigación que involucra a más de 10 provincias, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello presentará una resolución para dar de baja a 8538 beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que trabajan en la administración Pública. De ellos, 198 son de Río Negro.

El fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa, lo cual constituye una situación incompatible. El funcionario judicial, el pasado mes de noviembre, solicitó las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta el momento, solo diez distritos respondieron, mientras que los demás fueron intimados por segunda vez.

Marijuan acusó a estos empleados de llevar a cabo "presuntas maniobras ilícitas que podrían encajar en el delito de defraudación contra la Administración Pública", así como contra los funcionarios públicos que permitieron o facilitado estos fraudes contra el Estado Nacional.

Además, el fiscal envió su investigación preliminar a los fiscales federales de las diez provincias involucradas y solicitó la suspensión y/o baja de los planes sociales en el marco de la investigación.

La investigación realizada por Marijuan reveló irregularidades en provincias como Tucumán, La Rioja, Jujuy, Corrientes, Salta, Río Negro, Córdoba, Formosa y Santa Cruz, donde se detectaron beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no cumplen con los requisitos. Según los datos obtenidos, la cantidad de incompatibilidades solo en las gobernaciones podría superar las 20.000 personas.

Una de las incompatibilidades para recibir el plan es tener empleo formal registrado, excepto en casos de trabajadores temporarios o estacionales. Además, aquellos que realicen prestaciones sociales o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales que suplan la actividad de los empleados de los mismos también son considerados incompatibles.

La situación generada por estas irregularidades podría tener un alto costo para el Estado. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, se estima que se generó un desprendimiento de fondos indebido de aproximadamente $50.800.000 mensuales, lo que representa $609.600.000 anuales. Al calcular el presupuesto mensual destinado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que proporcionaron datos hasta ahora, se obtiene una suma de $650.000.000 mensuales, lo que equivale a más de $7.800.000.000 anuales, sin incluir el aguinaldo. Convertido a dólares oficiales, el Gobierno habría destinado casi nueve millones y medio de dólares anuales a beneficiarios de manera irregular.

Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada provincia que "hagan cesar los efectos del delito" y requirió al área del Ministerio de Capital Humano encargada del programa Potenciar Trabajo que suspenda los planes involucrados, además de realizar un reempadronamiento con la debida citación y acreditación de los requisitos legales del programa.