La Legislatura de Río Negro aprobó la polémica reforma sobre la Ley de Tierras

En una sesión dividida y controversial, la Legislatura de Río Negro aprobó hoy (17/11) por mayoría la iniciativa para modificar las disposiciones de la Ley de Tierras, un movimiento que busca ratificar el dominio sobre las tierras fiscales provinciales y nacionales en el territorio rionegrino.

El proyecto, liderado por el bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN), recibió el apoyo de los bloques del Frente Renovador y Frente Grande, mientras que fue rechazado por el Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina.

El legislador Lucas Pica, autor del proyecto, explicó que esta iniciativa busca establecer un nuevo marco para la administración, disposición y enajenación de las tierras fiscales, reemplazando una ley que data de hace 62 años. Según Pica, la normativa antigua no contempla los desarrollos productivos actuales, como proyectos turísticos, mineros o de conservación de la fauna y flora autóctona.

"La tierra debe ser para quien la trabaja", mencionó Pica, subrayando que la ley necesita actualizarse aunque conserve la misma esencia conceptual.

El nuevo proyecto propone otorgar mayor poder y autoridad a la Dirección de Tierras, aunque algunos legisladores expresaron preocupación por ciertos puntos, como la protección de los pequeños productores en comparación con las grandes empresas, la regulación de la venta de extensiones de tierras y la salvaguarda de los recursos naturales estratégicos.

Simultáneamente, los proyectos buscan alterar códigos relacionados con la actividad minera, incluyendo el procedimiento y la recaudación de regalías. Esto generó preocupación al centralizar el cobro de regalías en el ejecutivo, quitando participación a los municipios, entre otras modificaciones que carecen de detalles específicos.

Mientras tanto, la presencia de algunos miembros de la comunidad Mapuche en la sesión sirvió como protesta, con énfasis en el rechazo de la propuesta y la inclusión de un artículo de exclusión normativa para no legislar sobre cuestiones relacionadas con las comunidades originarias, que seguirán rigiéndose por una ley específica.

Dichas modificaciones podrían afectar cerca de 5 millones de hectáreas, muchas de las cuales están en posesión de comunidades mapuche-tehuelches, sin tener en cuenta el mecanismo de consulta previa e informada, requerido por normativas internacionales vigentes en Argentina.

Las críticas más fuertes vinieron del Parlamento del Pueblo Mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche. Denunciaron el intento de reforma sin consulta previa, libre e informada, violando los derechos constitucionales de las comunidades, y mencionaron el no cumplimiento de la ley 26.160 durante el gobierno, lo que ha generado críticas reiteradas.

"Esto se llama racismo estructural. Hace más de 10 años que no se lleva adelante el relevamiento de la ley 26160, hay 140 denuncias por pérdidas territoriales que investigó la Comisión Legislativa de Transferencias de Tierras Rurales que funcionó desde el 2012 al 2015", sostuvieron desde el Parlamento del Pueblo Mapuche.

Este paso suscitó un debate candente sobre la necesidad de revisar una ley obsoleta versus la importancia de la consulta y el respeto por los derechos de las comunidades afectadas. La segunda vuelta para la aprobación final podría ser un punto crítico en este proceso. (ANB)