Una orden judicial prohibió cualquier modificación en el monumento de Roca

Un fallo de la Justicia prohíbe al municipio cualquier modificación sobre el monumento de General Roca, ubicado en el Centro Cívico.

Luego de que trascendiera el proyecto para reubicar el monumento del expresidente y líder de la Campaña del Desierto, se desató una polémica de la que participaron funcionarios, vecinas y vecinos y referentes de distintos ámbitos.

Como parte de la reacción de la ciudadanía, el abogado Pablo González presentó un recurso de amparo colectivo ante la Justicia y mientras que se resuelva la presentación, se ordenó prohibir cualquier modificación en el monumento ubicado en la plaza central.

La Cámara de Apelaciones estableció “la prohibición de innovar sobre el estado del monumento al General Roca, lo que implica la prohibición de cualquier obra sobre el mismo que pudiera modificar su ubicación y/o estado, con excepción de aquellas tareas que fueran necesarias para su mantenimiento y conservación”.

Según establece la decisión judicial firmada por el juez Federico Corsiglia, “el incumplimiento de la medida implicará la desobediencia de una orden judicial, pasible de sanción dentro del ámbito jurisdiccional pertinente”.

El juez consideró además que “no existiría en apariencia acto administrativo alguno, expediente o proyecto en tratamiento” que haya informado de manera oficial las modificaciones que se implementarían en el Centro Cívico.

Pese a esto, hizo alusión al “estado público” que tomó la información y por esto consideró que “no hay a esta altura dudas que desde el Poder Ejecutivo existe o existió la intención de modificar el estado actual del monumento en cuanto a su emplazamiento”.

“A ello se suma una situación de público y notorio conocimiento como lo es la prioritaria necesidad de solucionar otras falencias que transita la ciudad, a cargo de la Municipalidad, como lo puede ser la situación de emergencia vial y de circulación”, relata el fallo que fue publicado este miércoles.

Sobre esto, agrega que “solo a modo de ejemplo, no existe casi una sola arteria que pueda ser transitada sin riesgo de sufrir un daño, de modo tal que esa imprevisión sobre cuestiones esenciales, sin dudas más relevantes que en pensar el traslado de un monumento, me convence que el requisito del peligro en la demora se encuentra presente”.

Por esto, libró un oficio para que el municipio informe oficialmente, en un plazo de 48 horas, sobre el proyecto o los objetivos de realizar tareas de remodelación del Centro Cívico.

La polémica por el monumento, suma así, otro capítulo a los años de debate en los que parte de la comunidad, identificada con la lucha de los pueblos originarios, solicita que se retire del Centro Cívico, mientras otra parte, lo defiende fervientemente. (ANB)