El Ejecutivo vetó la ordenanza que incluía a los usuarios en la Comisión de Seguimiento del TUP

A principios de diciembre, el Concejo aprobó una ordenanza que modificaba a su antecesora 2798-CM-16 y modificaba la conformación de la Comisión de Seguimiento del Transporte Público; entre otros puntos, sumaba a los usuarios como parte de este plantel. Sin embargo el Ejecutivo municipal vetó la normativa luego de señalar varias observaciones.

Según detalla la Ordenanza 3352/22  la Comisión pasaría a estar conformada por tres representantes del departamento ejecutivo municipal; un representante de cada bloque del Concejo Municipal; un representante de la empresa contratista; un representante de la Unión Transporte Automotores; el/la Defensor/a del Pueblo; y tres representantes de la sociedad civil interesados en la materia.

Sin embargo, ahora, la Resolución 4487 pone de manifiesto que la ordenanza –la cual tiene como autores a los concejales Roxana Ferreyra (FdT) y Gerardo Del Río (PUL) – “no ha pasado por las distintas comisiones ni ha sido dictaminada por la asesoría legal del cuerpo legislativo toda vez que la misma fue tratada sobre tablas”.

“El control ciudadano es un camino paralelo al de los organismos de control normativamente constituidos. La comisión debe cumplir con su mandato de establecer los mecanismos de participación de tal manera que los insumos sean usados por la comisión como argumentos para el control de cumplimiento del contrato”, marcaron desde el Ejecutivo.

A la vez que criticaron que “pareciera que la ordenanza establece una especie de Secretaría de Transporte paralela que además de todo el trabajo técnico de análisis de datos que requieren las funciones mencionadas, implica tareas de inspección y control, además de emitir dictamen cada seis meses. Esto significa que deberá armarse un equipo técnico especifico, de al menos cuatro o cinco personas que puedan registrar, relevar, sistematizar y convertir los datos en informes técnicos, para que sean de fácil comprensión, para lo cual, además se necesitaría expertos en comunicación y personal de calle para hacer las inspecciones”.

Además, para el departamento Ejecutivo, “la Ordenanza 3352-CM-2022 alteraría el Contrato firmado entre el Municipio y Transportes Amancay SRL atento que modifica la CSSTUP” y “podría hacer incurrir al Municipio en incumplimientos contractuales al alterar de manera unilateral e inconsulta compromisos asumidos”. (ANB)