Imputaron a dos personas por amenazas de bomba en Tribunales

Dos hombres, Ramiro Buenuleo y Leonardo Feltez, fueron imputados este viernes por las llamadas y amenazas de bomba en Tribunales, realizadas el 6 de septiembre pasado, mientras se desarrollaba una audiencia contra integrantes de la comunidad mapuche.

Tras varias semanas de investigación, la fiscal Betiana Cendón solicitó al juez Juan Pablo Laurence, que se impute a los dos hombres por actuar en convergencia “con el fin de perturbar el orden público”, indicó en la audiencia pública.

“Feltez, siguiendo las instrucciones de Buenuleo, realizó desde su teléfono personal, llamadas al 911 y a bomberos en las que el imputado advierte presencia de una bomba en el edificio de Tribunales”, detalló Cendón.

Como consecuencia de los llamados, se interrumpió una audiencia que se intentaba realizar contra integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo, en la que Ramiro también estaba involucrado. 

La fiscal Betiana Cendón solicitó que se los impute por "intimidación pública". Foto: Marcelo Martínez.

La amenaza de bomba llevó a evacuar por completo el edificio y a requerir la intervención de fuerzas de seguridad, “que debieron registrar todo el edificio para ver si encontraban el dispositivo”, informó la fiscal.

De acuerdo a lo informado por Cendón, en la investigación lograron recabar las llamadas realizadas, en las que se escucha la voz que luego fue identificada como de Feltez, advirtiendo por la presencia de una bomba en el edificio de Tribunales.

Al ser consultado por la operadora del 911 y de Bomberos Voluntarios, donde llamó en reiteradas ocasiones, Feltez se limitó a decir “gracias” y cortar la comunicación telefónica.

El juez Juan Pablo Laurence tuvo por formulados los cargos contra los dos hombres. Foto: Marcelo Martínez.

“Esta investigación se inició con la mera llamada, recibimos informes de OITEL (Oficina de Investigación de Telecomunicaciones) y se realizó un allanamiento y secuestro del dispositivo móvil”, señaló Cendón.

De la investigación y peritaje telefónico, se desprendió que existían conversaciones previas a las llamadas entre los imputados, con indicaciones sobre la hora en que se debía realizar la alerta por un dispositivo explosivo.

Los abogados defensores, Marcos Cicciarello y Natalia Araya indicaron que no se opondrían a la formulación de cargos y añadieron que por el momento, sus defendidos no emitirían declaraciones.

Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos y estableció el 21 de febrero como fecha límite para la investigación del hecho. (ANB)