domingo 25 de septiembre de 2022

Juicio

Condenaron a un subteniente de la dictadura militar que vive en Bariloche

Emilio Pedro Morello recibió la sentencia de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

jueves 11 de agosto de 2022
Condenaron a un subteniente de la dictadura militar que vive en Bariloche

El Tribunal Oral Federal Número 2 de la ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a prisión perpetua al exsubteniente Emilio Morello, quien reside en Bariloche y cumple la prisión preventiva en su casa del barrio Nahuel Malal. Junto a él, Martín Eduardo Sánchez Zinny, y Horacio Linari también fueron penados, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) durante la última dictadura militar, y dispuso la absolución e "inmediata libertad" del ex subteniente Luis Alberto Brun y el excabo 1° Rubén Osmar Andrade.

En la lectura del veredicto, el juez Javier Feliciano Ríos, presidente del tribunal, dispuso la publicación de los fundamentos para el 6 de octubre.

Durante el juicio, que se había iniciado en diciembre del año pasado, se investigaron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

Tanto la fiscalía como las querellas habían solicitado la pena de prisión perpetua de todos los acusados, al considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía.

Antes de escuchar el veredicto, Morello apeló a que “lo privaron de su libertad, se sintió desarraigado de sus afectos” y que perdió su trabajo. “No tienen idea de lo que era la vida de un oficial subalterno en aquellos años. Nada saben de la obediencia y del flagelo del accionar del terrorismo en nuestra Nación”, dijo a través de modalidad virtual, modo en el que  siguió el juicio desde su domicilio.

A todos los consideraron coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Arancibia, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de dos víctimas -Pavich y la persona no identificada- e imposición de tormentos, agravada por su condición de perseguido político, en el caso de la persona no identificada. 

Los hechos

En este contexto, la fiscalía expuso en su alegato sobre los hechos relativos al operativo represivo a una imprenta de la organización ERP-PRT, en la localidad de San Andrés, en el partido de General San Martín, perpetrado el 10 de julio de 1976. Según detallaron las representantes del MPF, Jorge Emilio Arancibia, de 23 años, se encontraba en la vivienda -donde funcionaba la imprenta- ubicada en la calle Ecuador 170 junto a otro militante que no pudo ser identificado. Ambos custodiaban en uno de los dos subsuelos de esa casa, desde hacía unos días, al vicecomodoro Roberto Echegoyen, quien había sido secuestrado por el ERP a fines de abril de ese año. La fiscalía consideró acreditado que "el Regimiento 6 de Infantería de Mercedes realizó un operativo ilegal en dicho domicilio de gran magnitud y poder ofensivo, planificado para desbaratar esa imprenta, rescatar a Echegoyen y capturar y asesinar a los militantes del PRT-ERP que encontraran en la vivienda".

Detalló que Arancibia salió corriendo de la vivienda para escapar “y en ese momento recibió disparos provenientes del cerco militar que rodeaba la casa y cayó al suelo herido. Finalmente, dos oficiales del Regimiento Mercedes se acercaron a él para dispararle, al menos uno de ellos le disparó directamente en la cabeza, produciendo su muerte instantánea".

Las representantes del MPF pusieron de relieve que “de los testimonios del juicio surge la magnitud inusitada, la violencia y el gran poder ofensivo del procedimiento, lo que conlleva a una desproporción e irracionalidad en las fuerzas. Esto también califica a ese operativo como una operación ilegal, como vimos en la jurisprudencia”.

La fiscalía puntualizó que para la realización de ese procedimiento el Ejército secuestró previamente al miembro del Comité Central del ERP-PRT, Pablo Pavich, en los primeros días del mes de julio de 1976, en la estación de tren de Moreno, provincia de Buenos Aires. El MPF detalló que "inmediatamente fue conducido a un lugar cercano, un descampado, para ser torturado brutalmente con corriente eléctrica. Luego, fue conducido por sus secuestradores a una casa de la calle Caseros al 300, de esa misma localidad, donde fueron secuestrados militantes del ERP que pertenecían a la redacción nacional del periódico El Combatiente y la revista Estrella Roja". Y el 10 de julio fue llevado al operativo ilegal realizado en la imprenta de la organización en San Andrés.

La fiscalía concluyó que Pavich fue secuestrado "para obtener la información que permitió al Regimiento 6 de Mercedes realizar el operativo en el domicilio donde funcionaba la redacción del periódico Estrella Roja y El Combatiente, ocasión en la que fueron secuestrados Juan Carlos y Rudyar García del Val, y también en la imprenta de San Andrés, que funcionaba en la calle Ecuador 170, donde se realizó el operativo militar de carácter ilegal, en el que resultó asesinado Jorge Emilio Arancibia, quien luego fue enterrado como NN, y en el que se privó ilegalmente de la libertad a una persona aún no identificada a la que, además, se sometió a tormentos".

Pavich fue trasladado después a la imprenta del ERP en Córdoba, que estaba en poder de las fuerzas armadas. La fiscalía señaló que la víctima permaneció en cautiverio en otros centros clandestinos, entre ellos, La Perla, en Córdoba, y el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, donde fue visto hasta el 6 de diciembre de 1978. Actualmente, permanece desaparecido.

“Por la fecha de secuestro y el grado de responsabilidades y rol desempeñado dentro del ERP-PRT, el secuestro de Pavich tuvo consecuencias sobre el funcionamiento del área de propaganda de esa organización, pues permitió al Ejército arrasar con la redacción nacional de El Combatiente y Estrella Roja, como también desarticular las dos imprentas más importantes del partido, en las que se imprimían esa revista y el periódico”, indicó la fiscalía.

En relación al operativo de San Andrés, las representantes del MPF remarcaron que “si bien algunos imputados intentaron argumentar que no fue un operativo planeado por el Regimiento de Infantería 6, sino que sólo fueron de apoyo secundario, y que el operativo principal lo desarrolló otra fuerza militar, lo cierto es que quedó acreditado que el Regimiento de Mercedes se encontraba en la tarea de dar con la redacción e impresión de las revistas del ERP-PRT”.

Por otro lado, la fiscalía detalló los hechos que tuvieron como víctimas a los militantes del PRT Rocío Ángela Martínez Borbolla y Pedro Oscar Martucci. Las representantes del MPF consideraron acreditado que el 14 de junio de 1976 un grupo numeroso de al menos diez personas armadas pertenecientes al Ejército Argentino, entre los cuales se encontraba el entonces subteniente Martín Sánchez Zinny, ingresaron a su vivienda en el norte de Haedo, partido de Morón, y mediante forcejeos, golpes y amenazas a ellos y a los hijos de Rocío Martínez Borbolla, Bárbara y Camilo García, de 9 y 4 años de edad, se los llevaron secuestrados.

"Específicamente, Sánchez Zinny fue uno de los militares que ingresaron al cuarto de los niños violentamente, los apuntó con un arma y los amenazó con matarlos", detallaron las representantes del MPF.

En este mismo sentido, remarcaron el valor del reconocimiento fotográfico realizado por la hija Rocío Martínez Borbolla, quien pudo recordar el rostro Sánchez Zinny: "No hay motivos para dudar de la veracidad de un reconocimiento fotográfico efectuado válidamente en un juzgado instructor en presencia de abogados defensores. La testigo además toda su vida, incluso mucho antes del inicio de esta causa, dijo que podría reconocer a una persona que participó del secuestro de su madre y amenazó a ella y a su hermano, si le mostraban fotos".

Al respecto, citaron también la declaración de Omar Nicolás Barbieri, exmilitar del RI6, quien refirió que Alberto Bustos, entonces jefe de la compañía que integraba Sánchez Zinny para la época de los hechos, le contó sobre la participación del acusado en ese operativo: "Barbieri expresó en este juicio que, en una cena privada con Bustos, en el cuartel, éste le refirió que en junio de 1976 habían ido con Sostaric, él y Sánchez Zinny a una casa en Haedo a un operativo donde detuvieron una señora. Sánchez Zinny en una habitación al fondo de la casa, con una escopeta recortada apuntaba a dos niños y les decía a quién iba a matar primero".

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