Piden la urgente intervención judicial de Hidden Lake

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés Joe Lewis, por considerarla una "pantalla jurídica" para "frenar la aspiración" de cualquier persona a acceder al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, un derecho constitucional vedado hace 17 años.

"Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido", sostuvo este lunes el organismo.

Así fue expuesto por la IGJ, entre otras argumentaciones, para apoyar su pedido, que deberá resolver ahora la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, mientras la causa judicial referida al acceso al lago permanece desde hace 5 años sin movimientos en una cámara de Bariloche.

Uno de los planteos de la IGJ apunta a "hacer cesar el irregular e ilegal estado de cosas que se verifica hasta el presente, concretado a través de la antijurídica actuación en nuestro país del Sr. Lewis, utilizando de forma espuria a una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino".

La requisitoria de la Inspección General de Justicia advirtió también que Hidden Lake (en castellano, Lago Escondido) es la compañía a través de la cual Lewis interpuso "múltiples recursos procesales dilatorios y apelaciones" que impidieron materializar el acceso público a Lago Escondido, a lo largo de 17 años.

Otro hecho tenido en cuenta por el ente es que la sociedad del británico no realizó "durante décadas actividad comercial alguna que le permitiera sufragar, entre otras cuestiones, la construcción de la mansión del propio Lewis en las proximidades del Lago Escondido, ni mucho menos autosostenerse como entidad mercantil genuina", expresó el organismo a través de un comunicado.

La IGJ mencionó este lunes que su pedido se apoya también en que existen "causas judiciales con varias resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y hasta de la Corte Suprema de Justicia de La Nación".

La primera de ellas data del 2005 y, por esa razón, "a más de 17 años sin materializarse el acceso público al Lago Escondido, en virtud de múltiples recursos procesales dilatorios y apelaciones", la IGJ pidió "promover de inmediato la acción judicial tendiente a obtener la declaración de nulidad de la sociedad Hidden Lake Sociedad Anónima".

"Requerir la intervención judicial de la administración de dicha sociedad, en términos de los artículos 303, inciso 2, y 301, inciso 2, de la ley 19.550, en evidente resguardo del interés público, habida cuenta el gravísimo incumplimiento en que ha incurrido dicha sociedad respecto de sentencias judiciales firmes", expresó el inspector general, Ricardo Nissen, en el tercer artículo de su presentación.

Alertó también sobre "las gravosas consecuencias" de esa "actuación omisiva" y del "abuso procesal" ocasionado a la comunidad, "teniendo en cuenta los gravísimos hechos acaecidos los días 8 y 9 de febrero de 2022".

Nissen se refirió así a lo denunciado en febrero pasado por un grupo de abogados contra empleados de Lewis por "privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional".