jueves 28 de marzo de 2024

Encuesta

Para la mayoría de la población el conflicto Mapuche afecta a la inversión

Cuál es la mirada de la opinión pública sobre el conflicto territorial en la Patagonia.

domingo 23 de enero de 2022
Para la mayoría de la población el conflicto Mapuche afecta a la inversión
Imagen ilustrativa (Foto: Marcelo Martínez)
Imagen ilustrativa (Foto: Marcelo Martínez)

En un escenario en el cual el clima de violencia no logra encauzarse hacia una solución pacífica, este trabajo arroja luz sobre la opinión que los vecinos de las provincias más afectadas tienen sobre los principales aspectos del conflicto.

La encuesta se llevó a cabo entre el 10 y 20 de diciembre de 2021 en Neuquén, Río Negro y Chubut, en base a una muestra de 1400 casos, con un margen de error muestral de +/-2,6%.

Una de las primeras conclusiones a las que se arriba es que el conflicto derivado de la toma de tierras en la Patagonia es un tema que genera gran preocupación. El 86% de los encuestados están al tanto de la toma de tierras en la Patagonia, mientras que el 80,6% opina que el conflicto es de una gravedad alta o muy alta y sólo una minoría (10,6%) expresa que es un problema de baja o nula gravedad. El 52,5% reconoce que dicho conflicto afecta a todos los habitantes de la Patagonia. A la hora de identificar las consecuencias negativas del conflicto, las más mencionadas son el desarrollo económico y la inversión (44,1%), la imagen de la Argentina en el exterior (42,2%) y la actividad turística (40,8%).

La valoración que tienen los participantes sobre los grupos indígenas es mayoritariamente positiva, con un 67,9% de imagen buena y muy buena. Este porcentaje cae a 59,6% cuando se analiza al pueblo mapuche, cuyo origen para el 46%3 de los encuestados se vincula a Chile (para el 22,4% es argentino y para el 16,2% no se asocia a ninguno de los dos países). Gran parte de las personas percibe un grado de discriminación alto y muy alto hacia los pueblos indígenas en general y hacia los mapuches en particular (67,8% y 57,6% respectivamente).

Solo el 18,3% de los consultados afirma conocer a alguno de los referentes mapuches. Facundo Jones Huala, que es el más nombrado por una diferencia ampliamente significativa (33%), tiene un 40,3% de imagen negativa, mientras que un 44,2% no lo conoce o no emite opinión sobre él.

Al analizar el conflicto, según la encuesta de Trespuntozero, las principales razones que lo originan son motivos económicos para quedarse con tierras (37,2%) e intereses políticos (21,5%).

Cuando se indaga sobre los impulsores del conflicto, la mayoría los percibe como personas que se hacen pasar por mapuches (34,2% de los encuestados). En segundo lugar, se responsabiliza como impulsor de las usurpaciones a la RAM (22,9%), organización que el 30,7% de los entrevistados considera no representativa del pueblo mapuche.

En cuanto a la opinión sobre cuál es la naturaleza del conflicto, se observa una gran dispersión: para el 33% es un hecho terrorista que atenta contra la Constitución Nacional y los derechos de los argentinos, para el 27,4% es un reclamo justo del pueblo mapuche por tierras que les corresponden y para el 23,3% es un reclamo justo y aun así no justifica la violencia ejercida por los manifestantes.

En relación a los responsables del conflicto, el gobierno nacional es valorado como el principal actor institucional responsable, con el 45,6% de respuestas, mientras que el 23,2% le adjudica responsabilidad a todas las instituciones mencionadas (gobiernos provinciales, Congreso Nacional, Poder Judicial, clase dirigente).

Al evaluar la gestión del conflicto por parte de los responsables, predomina la percepción de que tanto la justicia (72,5%), como el gobierno nacional (65,9%), los gobiernos provinciales (65,4%) y las fuerzas de seguridad (51,9%) han actuado mal y muy mal.

Para el 57,5% de los entrevistados al pueblo mapuche le corresponde una reparación por parte del Estado argentino. Al indagar sobre en qué debería consistir, la medida más votada es la entrega de tierras (42,3%), seguida por beneficios económicos a las comunidades indígenas (24,3%). Entre quienes están de acuerdo con la entrega de tierras para resolver el conflicto, la opinión mayoritaria sobre esta medida implica el ofrecimiento de una extensión de tierra para trabajar (43,8%).

Paralelamente, los encuestados expresaron amplio acuerdo con la propiedad privada, sumando 72,8% entre los que consideran que la propiedad privada es un derecho primordial (32%) y los que opinan que todos los derechos son igualmente importantes (40,8%). El 48,6% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con la idea de que con el conflicto mapuche está en peligro la propiedad privada.

Sobre el modo de llegar a un desenlace, también se observa gran dispersión: el 32,5% de los encuestados cree que la Justicia debería condenar a los usurpadores, el 32% que debería llegarse a un acuerdo en todas las partes y el 24,7% que debería respetarse el derecho de los pueblos indígenas y permitirles que ocupen las tierras que reclaman.

“Los resultados de la encuesta ponen en evidencia la gran preocupación de los patagónicos frente al conflicto, al que asocian a consecuencias negativas para la convivencia, la economía y el turismo de la región. Es interesante también observar que para la mayoría de los encuestados el impulsor del conflicto no es el pueblo mapuche sino grupos que actúan en su nombre. En esta línea, desde nuestra fundación creemos que el derecho de las comunidades indígenas debe ser legalmente ejercido conforme a las normas dispuestas en la Constitución Nacional y leyes de la Nación. Para ello, es necesario avanzar con un proyecto de ley que regule el instituto legal de la propiedad comunitaria indígena. Resulta imperioso modificar la ley de relevamiento territorial -ley 26.160-, incorporando la participación de terceros propietarios o poseedores en los procedimientos administrativos. Y también diseñar políticas que agilicen los procesos para que las comunidades reconocidas como tales no permanezcan en una situación de incertidumbre y que, al mismo tiempo, salvaguarden la propiedad privada, cuyo respeto estricto es la base de la paz y convivencia social, tal como lo demuestra la opinión mayoritaria relevada en esta encuesta”, sostiene Mariano Sarmiento, Director Ejecutivo de la Asociación Perito Moreno, organización impulsora de la encuesta. (Fuente: Consultora Trespuntozero)

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