Consenso Bariloche, en contra del DNU que prorroga la ley propiedad comunitaria indígena

Días atrás, diputados del bloque Juntos por el Cambio presentaron un amparo ante la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad del decreto que prorroga la ley de Emergencia Territorial de Comunidades Indígenas.

«Mediante el DNU 805/2021, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto prorrogar la Ley 26.160 (de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras por parte de comunidades indígenas), en clara violación a la prohibición de ejercer facultades legislativas contenidas en los artículos 1, 75, 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional», plantearon los legisladores en el domcumento.

En el plano local, la Mesa Consenso Bariloche salió a apoyar la presentación del recurso de amparo y pidió la consecuente nulidad del Decreto 805.

"Tal como manifiestan los diputados en este recurso, dicho DNU no respeta el  presupuesto constitucional  de existencia de circunstancias excepcionales que hagan imposible continuar los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Por el contrario, al momento de su dictado, se encontraba en tratamiento ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley alternativo, que de esta forma fue ignorado", expresaron en un comunicado oficial. 

Además apuntaron a los reiterados aplazamientos sobre la ley 26.160:  "es una norma de emergencia aprobada en 2006 por un período de cuatro años, que suspende la ejecución de las sentencias de desalojo de tierras usurpadas bajo reivindicación de estar encuadradas en la situación de propiedad tradicional de comunidades indígenas. Sus reiteradas prórrogas durante 15 años y la aspiración de repetir esta extensión de su aplicación por cuatro años más ponen en evidencia, tal como sostiene el amparo, que el carácter de emergencia es claramente cuestionable, sobre todo si se considera que en este largo período no se resolvió ninguno de los objetivos que la Ley se proponía".

"Por todas las razones expuestas, solicitamos que se garantice el cumplimiento de la ley, respetando nuestra Constitución Nacional, para evitar convalidar un acto de extrema gravedad institucional que afectará el clima de convivencia pacífica que nuestra zona y nuestro país necesitan", concluyeron desde la Mesa.