Acceso a la vivienda, el reclamo que más preocupa a la Defensoría del Pueblo

Durante la sesión del Concejo deliberante de Bariloche, la defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, compartió un resumen de los ejes fundamentales de trabajo del año 2020. La presentación se transmitió de manera online a los fines de evitar la propagación del Covid-19.

A modo de balance, la doctora Oñate compartió un breve resumen de su gestión al mando de la Defensoría del Pueblo de la ciudad durante cuatro años, evaluándola como “muy positiva”. Puntualmente, respecto al último año, hizo referencia a las dificultades que se presentaron para todos los organismos durante el contexto de pandemia por Covid-19.

Al respecto mencionó: “Fue una etapa muy compleja, dado que los organismos en general no contaban con una atención digitalizada, por lo que desde la Defensoría reforzamos nuestros esfuerzos para establecer redes que permitieran dar respuesta a la demanda por parte de la ciudadanía”.

Entre las problemáticas que se presentaron durante el año, señaló que una de las más preocupantes se relacionó con la imposibilidad de acceder a tierras y viviendas: “El Estado se ha mantenido ausente o ha tenido políticas de Estado que no han sido de la magnitud necesaria para dar respuesta a lo requerido por la demanda y se dejó libremente a disposición del mercado y sabemos que éste no piensa con criterios de inclusión y justicia social”, describió la Defensora, quien además recordó que –en ese momento- consideró oportuno realizar una recomendación para que “se busque la manera de llegar a las soluciones más adecuadas respetando la dignidad de las personas, poniendo especial atención en no criminalizar la pobreza, ni a los vecinos”.

Otro de los aspectos que destacó es el rol activo de los inquilinos, dado que fueron ellos mismos quienes impulsaron el proceso de cambio que derivó en la nueva Ley de Alquileres en pos de la defensa de sus propios derechos. “Se trató de un día histórico para la Argentina en el que el que fue fundamental el rol activo los vecinos, las vecinas, las organizaciones y la Unión de Inquilinos Rionegrinos (UIR), representada por Roberto Díaz, logrando que entrara en vigencia un nuevo esquema de regulación, beneficiando a más de 9 millones de inquilinas e inquilinos argentinos y 165 mil rionegrinos. Hablamos de una Ley que amplía derechos e implica un significativo avance para proteger el acceso a la vivienda”.

Por otra parte, la Defensora del Pueblo de Bariloche resaltó la iniciativa que llevó adelante el organismo a su cargo, siendo el primero del país en implementar las Mediaciones Comunitarias en cuestiones de alquileres de manera virtual. “Cuando todavía nos encontrábamos en un contexto de ASPO, pusimos a disposición las diferentes herramientas y vías de comunicación al alcance de nuestras manos para poder encauzar estas temáticas vinculadas con alquileres, desalojos, falta de pago, y doble alquiler, en el marco del Decreto Nº 320”, afirmó con orgullo y agregó que “si bien la metodología resultó novedosa para la ciudadanía, el objetivo se cumplió y logramos encontrar mecanismos alternativos que permitieron avanzar en los procesos que habitualmente llevamos a cabo desde el área de Mediación Comunitaria”.

En cuanto a los objetivos planteados para el futuro, la Defensora puso en valor la retribución por parte de aquellas personas que le han brindado una positiva devolución sobre su actual gestión, a partir de lo cual consideró oportuno presentarse nuevamente para darle continuidad a los proyectos que así lo requieren. En tal sentido, aseguró: “Si cuento con el acompañamiento de la gente, sumado a que desde el organismo me he visto reconfortada por una gestión positiva, me parece propicio continuar con el trabajo para seguir construyendo una ciudadanía más igualitaria, más justa, más equitativa, principalmente para  los sectores más postergados”. (Prensa Defensoría del Pueblo de Bariloche)