25/02/2021

“El Estado insume miles de horas de trabajo en controlar papeles y muy pocas en controlar los hechos constructivos”

En diálogo con ANB, la exconcejal Sandra Guerrero se refirió a la situación de las construcciones irregulares en la costa del lago Nahuel Huapi.

“El Estado insume miles de horas de trabajo en controlar papeles y muy pocas en controlar los hechos constructivos”
Apuntó a la importancia de preservar el acceso a los espacios públicos, más allá de lo recreativo.
Foto: Archivo.
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a exconcejal Sandra Guerrero, quien trabajó en la defensa de las costas y los espejos de agua de la región dialogó con ANB sobre la situación que sucede en relación a las construcciones irregulares que crecen en la costa del lago Nahuel Huapi e impiden el acceso a los espacios públicos.

“Pensar la accesibilidad a las costas desde una perspectiva recreativa, reduce sus implicancias e invisibiliza la complejidad de las interrelaciones entre nuestras prácticas y los cuerpos de agua. Se trata de profundos  enlaces con consecuencias en la salud de nuestro hábitat”, aseguró y señaló que “desde el punto de vista del acceso a derechos,  me parece que es un tema que en  las distintas administraciones del Estado Municipal, provincial y nacional se debe seguir trabajando. Es una política a largo plazo, deberíamos imaginar un trabajo  de cien años para resolver definitivamente el cuidado  de los cuerpos de agua apta para la preservación de la vida de todos los seres vivos; en ese marco tenemos que trabajar tratando de visibilizar el contenido simbólico que tiene para muchos y distintos grupos la relación con las aguas, con el acceso a la ribera de los cuerpos de agua y con el horizonte de la vida en común”.

Afirmó que “si, por el contrario, restringimos el significado de vivir en esta región al disfrute del paisaje, a la construcción de una marca comercial con identidad,  a un símbolo del turismo comercial  y aún, solamente como un parque nacional, inmediatamente opera una lógica restrictiva del acceso a derechos, de manera tal que sólo pueden acceder al disfrute de un bien ambiental los que pagan un acceso a un camping, a un paseo lacustre, a una montaña. Esto no quiere decir que esas ideas no estén presentes como parte de un crisol de intereses y costumbres, pero  necesariamente deben armonizarse con otros intereses, costumbres y creencias que enuncian otros grupos humanos tremendamente atendibles. Trabajar la desigualdad en Bariloche, por ejemplo, tiene muchísima relación con el acceso a los bienes de disfrute común. Sólo se ama aquello que se conoce y esta comunidad tiene que trabajar para  que todos sus niños puedan acceder a disfrutar del verano en las costas de lagos, arroyos y ríos. Hoy, solamente algunos pueden hacerlo. Pero también tiene que trabajar para la preservación de otras especies cuya vida depende del cuidado de los cuerpos de agua. De manera que desde mi punto de vista, estamos mejor que antes porque tenemos un bagaje importante de información, dispositivos legales y consenso en la población a los que hay que darle continuidad, discusión y planeamiento. Especialmente en Bariloche existe un número exquisito de científicos dedicados a temas importantísimos cuyas investigaciones nos proporcionarían importantes cambios  si los oímos en el marco del planeamiento de la ciudad”.

Al consultarle sobre el rol del Estado en esta situación que parecería empeorar año a año, Guerrero dijo “el rol de los distintos niveles del Estado es garantizar el acceso a derechos: de acuerdo a los que nos ocupa en este diálogo: la salud de las aguas;  recursos hídricos para  todas las especies; límites a los ejercicios de los derechos emergentes de la propiedad privada de los ribereños; accesibilidad para todas las personas a espacios costeros de recreación que permitan distintas actividades limitando el impacto y la antropización; límites al uso de contaminantes para empresas y particulares en actividades vinculadas al agua y al suelo; revisión de la disposición final de residuos sólidos urbanos y revisión del tratamiento de todo tipo de residuos. A partir de allí pueden imaginarse implicancias múltiples en relación a prácticas, costumbres y  usos que deben supeditarse a la preservación y la salud de los cuerpos de agua cualquiera sea su denominación. Aquí se vuelve central el uso de la tierra urbana y el planeamiento de la ciudad”

Guerrero, quien ocupó una banca entre 2003 y 2007 y fue titular de la Comisión de Costas y lagos destacó que “en relación a las barreras y a los hechos constructivos sin autorización, efectivamente el límite de las jurisdicciones está fijado  en las normas que rigen a cada organismo. Pero la dificultad, desde mi punto de vista está en la lógica de poder vigente;  es muy antigua y tremendamente personalista, en consecuencia existen dificultades para el trabajo interinstitucional; éste es el que resuelve que dos o tres instituciones realicen un marco de acuerdos en orden a los bienes que intentamos proteger, se establezcan lineamientos de trabajo en orden a esos objetivos y luego, ya sea que proceda una inspección, una demolición o el quite de cualquier obstáculo, ese trabajo interinstitucional evite reclamos posteriores y genere marcas de reconocimiento de derechos muy importantes. Esto depende de la voluntad política, del trabajo sistemático, el acopio de información e interpretación de los hechos construídos que vulneran la normativa vigente. Luego de eso, sólo es: voluntad política”.

Asimismo, aseveró: “Es habitual encontrarse con funcionarios que desplazan la responsabilidad hacia otro estamento del Estado, sin dar explicaciones fundadas y coherentes del motivo por el cual su responsabilidad está cubierta. Esto tiene que ver con la “falta de respaldo” de políticas públicas concertadas interinstitucionalmente, con lineamientos claros y con “casos testigos” que estén lo suficientemente bien trabajados como para proveer “marcas de referencia” en torno al acceso a derechos que favorezcan achicar la desigualdad en nuestra ciudad y disminuir la agresión a nuestro hábitat”.

Finalmente al consultarle su opinión sobre las múltiples construcciones que tienen orden de demolición y estas no se ejecuta, la exconcejal afirmó que “son las autoridades las que tienen que explicar su omisión, el por qué hacen la vista gorda y la comunidad insistir en el castigo a esos funcionarios. El único castigo que conmueve es el económico, la cuantificación de la falta, de la omisión o del exceso en un funcionario a través de un juicio de responsabilidad. En el caso del municipio de Bariloche es muy interesante advertir  permisividad hacia dentro y hacia fuera de la estructura gubernamental. Especialmente se ve en gobiernos de distinto signo político  la carencia de una  revisión crítica de la actividad administrativa y del control de los actos de gobierno. Así los hechos constructivos se imponen en la práctica de un modo distinto a cómo fueron presentados en un plano de obra. El Estado municipal insume miles de horas de trabajo en controlar papeles y muy pocas en controlar los hechos constructivos. Menos horas aún en controlar sus propias órdenes de demolición. El resultado –en el caso de las costas- es el que padecemos. Pero la condición de posibilidad para cambiar el estado actual de cosas tiene que ver con  un conjunto de elementos dentro del sistema político, una comunidad que sostenga el reclamo, una dirigencia dispuesta a trabajar en función de esos intereses y con el objeto de ampliar la distribución del capital social, ambiental y simbólico; por supuesto también tiempo y presupuesto para implementar políticas públicas”.

Finalmente, reflexionó que “la comunidad de Bariloche tiene que pensarse a sí misma en un horizonte de cien años, caso contrario pone en crisis la salud ambiental y esto incluye especialmente el uso de la tierra –jurisdicción municipal- porque de eso depende la salud de  los cuerpos de agua.  Hoy sobra tecnología y contamos con una relación lujosa de científicos por habitantes que hace posible poner en discusión estos temas y hacer rotar el sistema político hacia la realización de políticas públicas concertadas en orden al mejoramiento de la calidad de vida de todos los seres vivos de esta ciudad y  la región”.

Sandra Guerrero fue una de las autores de la ordenanza que fija la línea de ribera del lago Nahuel Huapi, a partir de la cual se regula el espacio público y privado. Además, su mirada reflexionó sobre la importancia del cuidado del acceso a los bienes naturales más allá del estrictamente recreativo.

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