Se aprobó la ley que crea el programa Río Negro Suelo Urbano

Por unanimidad, se aprobó la ley que crea el programa Río Negro Suelo Urbano, enviado por la Gobernadora Arabela Carreras días atrás a la Legislatura.

De esta forma, el Gobierno  pondrá en marcha este plan que tiene como premisa planificar y desarrollar políticas públicas activas y concretas en materia de acceso al suelo urbanizado para familias rionegrinas.

El Estado podrá disponer de las herramientas administrativas necesarias para dar respuesta a la demanda de diversos sectores de la población que no han tenido posibilidades de acceder a planes anteriores o actuales que faciliten el acceso a la tierra con destino de vivienda única.

Se estipula que se contemplará un mínimo de 12.000 lotes en los próximos cinco años, con dimensiones de 200 a 300 mts cuadrados por terreno.

Los beneficiarios directos del Programa serán grupos familiares que, por sus condiciones de ingreso, su conformación familiar o cualquier otro motivo, no estén en condiciones de acceder a suelo urbanizado ni a soluciones habitacionales dignas a través del mercado inmobiliario formal.

El miembro informante oficialista, José Rivas (JSRN), detalló que “la iniciativa apunta a trabajar una problemática que viene de larga data y que está vinculada a la especulación inmobiliaria”.

Rivas se refirió a la necesidad de ampliar y facilitar el acceso al suelo urbanizado de las familias rionegrinas que “no pueden acceder a través de la oferta inmobiliaria, con destino habitacional, como así también promover y financiar los proyectos para la generación de lotes con servicios de infraestructura mínima”.

En otro orden, el legislador destacó la conformación del banco de tierras que centralizará la información y administración, tanto jurídica como técnica, que se recabe de los diferentes organismos competentes, sea a nivel nacional, provincial o municipal.

“Nuestra función hoy es tratar de que el sueño de muchas familias se haga realidad. Seguramente no sea suficiente, pero sin dudas es un puntapié inicial fundamental que va a permitir que miles de familias de rionegrinos puedan decir “sueño cumplido”, indicó Rivas.

En este sentido, Marcela Ávila y Adriana Del Agua (JSRN) coincidieron en que el Programa es de avanzada y va a permitir descomprimir las demandas constantes que los jefes comunales de la Provincia tienen.

Por otra parte, la legisladora Alejandra Más (FdT) resaltó que “el proyecto viene a dar respuesta a una demanda de muchos años de toda la ciudadanía y también a desnudar la carencia de políticas públicas de acceso a la tierra”.

Marcelo Mango valoró que se está tratando un proyecto que aborda la realidad y refiriéndose a las usurpaciones habló de “injusticia social y la desesperada forma que tiene el pueblo de acceder a un derecho constitucional sagrado y básico”. Juan Martín (JxC) se refirió a las usurpaciones como delitos y planteó dudas con respecto al financiamiento del Programa.

La legisladora María Eugenia Martini (FdT) expresó que este es uno de los grandes temas de la agenda pública y destacó que “lo más importante del proyecto, es que crea un fondo para suelo urbano y ese es el camino, entregar tierras con servicios para que luego puedan construir su casa”.

Cerró el debate, el presidente del bloque oficialista Facundo López (JSRN), que repasó las intervenciones de los legisladores preopinantes y concluyó que “es un problema de todos, de la Nación, de la Provincia, y de los Municipios”.

“Puede ser que este proyecto no sea lo suficientemente amplio para resolver todos los problemas, pero si estoy convencido de que la gobernadora Arabela Carreras definió que esta sea una política pública del Estado de Río Negro, y cuando la pongamos en marcha, la iremos mejorando”, finalizó López.

El Frente de Todos no acompañó un artículo del proyecto que excluye de los beneficiarios a personas que posteriormente a la entrada en vigencia de la ley, sean imputadas o deban cumplir una condena por usurpación o tomas de tierras, privadas o públicas.

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) será la autoridad de aplicación.