La Fiscalía Federal desestimó la denuncia del Gobierno contra quienes convocaron a la marcha a Mascardi

La jefa de la Fiscalía Federal de Bariloche, Silvia Little, pidió desestimar la denuncia penal del Gobierno nacional contra quienes convocaron a la marcha del último sábado contra la ocupación de tierras en Villa Mascardi por parte de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, y las diferentes situaciones de violencias acontecidas en la zona.

La causa sólo seguirá vigente si el Gobierno se inscribe como querellante en la causa, contra los vecinos que quieren apoyar a los habitantes de Villa Mascardi, aunque se estima que esto no será de esta manera.

Según detalló el sitio Económicas Bariloche, la fiscal Little entendió que los hechos denunciados por el Ministerio de Justicia de la Nación no constituyen delito y que no puede cercenarse el derecho constitucional de la ciudadanía a manifestarse.

La fiscal Little consideró que “no corresponde iniciar un proceso penal en orden al hecho denunciado, por lo que deben desestimarse estas actuaciones por inexistencia de delito” y señaló la “vaguedad” de la denuncia presentada, la falta de ratificación de la misma por parte del funcionario y la carencia de insinuación a la violencia o de armas en la convocatoria, y consideró que en el caso no se daban ninguno de los delitos denunciados.

Asimismo, consideró que “no se dan en el caso ninguno de los delitos denunciados, puesto que la noticia traída a conocimiento de la suscripta no hace sino informar sobre la convocatoria a una marcha que un grupo de ciudadanos decidió llevar a cabo para reclamar a las autoridades por la inacción estatal en la solución de los graves conflictos que aquejan a la zona de Villa Mascardi” y agregó que “peligroso sería para el Estado Democrático de Derecho que las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse. Tal como sostengo sistemáticamente en todos los casos que analizo, el poder punitivo estatal debe ser entendido como de ultima ratio, esto es, como la última herramienta con la que cuenta ese Estado para solucionar sus conflictos. En esa dirección, jamás podría autorizarse su utilización para cercenar nada menos que los derechos que la propia Constitución Nacional resguarda, puesto que no debe olvidarse que ella expresamente prevé el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades (art. 14 Constitución Nacional)”.

“El poder punitivo estatal debe ser entendido como de ultima ratio, esto es, como la última herramienta con la que cuenta ese Estado para solucionar sus conflictos”, sostuvo la fiscal federal.

“Ante el temor del Ministerio de Seguridad de que pudieran suscitarse, en una marcha futura, la comisión de delitos (…) es en el ejercicio de sus propias facultades prevencionales que puede, y debe, actuar protegiendo a la ciudadanía en general, de modo tal de evitar que ello ocurra”, detalla el dictamen y concluye que “si bien los organismos destinados a la seguridad bien pueden analizar el contenido -por ejemplo- de los medios de comunicación en busca de potenciales conflictos, ello no se traduce en que cualquier expresión vertida por ese medio resulte ilícita, menos aún, cuando a misma reviste la neutral entidad de la noticia antes aludida”. (Fuente: Económicas Bariloche)