06/06/2019 |

EL PROCESO DURARÁ UN AÑO

Licencias “truchas”: Imputaron a empleados municipales

Les formularon cargos por el delito de falsedad de instrumento público, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Licencias “truchas”: Imputaron a empleados municipales
La asesora letrada Municipal Natacha Vázquez y Marcela González Abdala, junto al jefe de Gabinete Marcos Barberis, adhirieron al planteo de la fiscalía.
E

l fiscal Guillermo Lista formuló cargos a doce personas, todas ellas empleadas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, por diferentes hechos al momento de emitir licencias de conducir que constituyen el delito de falsedad de instrumento público, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dos de las personas imputadas hicieron una presentación para cambiar su asistencia legal, por lo que solicitará una nueva audiencia para formular cargos a la que se sumará otra persona que no fue debidamente notificado. 

Juan Marcelo Oyarzo, Marcos Nicanor Aguirre, Celeste Malén Castro, Griselda Beatriz Pereyra, Gladys Ester Aranda, José María Zalazar, Walter Fabián Gallardo, Daniel Alberto Martínez, Luis Octavio Neculman, Alejandro Namor, María Romina Paz y Alicia Beatriz Vega fueron los imputados como coautores de los delitos.

Se les atribuye los hechos sucedidos en el período de tiempo comprendido entre los años 2014 al 2016, cuando los imputados todos agentes públicos que prestaban funciones en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, habrían conformado una organización sostenida en el tiempo, de modo permanente, cohesionado y con división de roles. Esta tenía como fin la confección y comercialización de Licencias de Tránsito del sistema nacional de Licencias de Conducir, dependiente de la Dirección Nacional de Seguridad Vial (DNSV), sorteando todas aquellas formalidades exigidas por ley (no tener multas, infracciones, no estar inhabilitado en el sistema, exhibir libre deuda municipal, cumplir los controles médicos correspondientes, rendir exámenes de aptitud, en aquellos casos que correspondía, no tener antecedentes penales, como así también abonar los formularios CENAT).

Luego, procedían en cada caso a la entrega de una licencia de conducir, que resultaba un instrumento apócrifo, pues más allá de la autencicidad que exhibía en su apariencia exterior, el documento público contenía declaraciones falsas.

Según la acusación, los imputados contaron con la participación necesaria de una persona ajena al área de Licencias, que se ocupaba de captar a los interesados y ofrecía esa modalidad de obtener una licencia de conducir, previo pago de un monto de dinero. Suma que no ingresó por los canales normales de pago, defraudando de esta manera al Municipio, dado que por cada licencia que emitía se debía rendir las sumas recaudadas al Ministerio del Interior de la Nación, con un perjuicio considerable dada la importante cantidad de licencias emitidas de esta forma.

Describió luego el fiscal Lista el importante material probatorio que sustenta la acusación, en el cual se puede mencionar informes del Director de Informática del Poder Judicial, que constató que un buen número de licencias fueron emitidas los días sábados, domingos fuera de horario laboral y feriados. Se agregan además Informes del Area de Investigaciones Judiciales de la Policía de Río Negro, Informe de la OITEL con el análisis de llamados salientes y entrantes de las líneas de teléfono investigadas, entre otros.

El Municipio constituido como querellante representado en la audiencia de hoy por la asesora letrada Municipal Natacha Vázquez y Marcela González Abdala, junto al jefe de Gabinete Marcos Barberis, adhirieron al planteo de la fiscalía.

Los imputados asistidos en algunos casos por dos defensores particulares y el restante de ellos por los Defensores Públicos Juan Pablo Laurence y Mónica Goye, no brindaron declaración alguna. En el caso de los defendidos por el Defensor Público Laurence harán lo propio en otro momento del proceso. Todos los letrados no manifestaron objeción alguna a la formulación de cargos ni al plazo solicitado.

El Juez de Garantías Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos y otorgó el plazo extraordinario de un año para llevar adelante la investigación; tal lo previsto en el artículo 219 del Código Procesal (Procedimiento para asuntos Complejos). (Fuente: Ministerio Público Fiscal)

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