La Justicia ordenó entregar el título de propiedad a una comunidad mapuche

Días atrás, la Justicia Federal ordenó al gobierno nacional que le entregue el título de propiedad a la comunidad Trypay Antu, ubicada a pocos kilómetros del Centro Cívico.

El polémico fallo se da en un contexto donde el gobierno nacional mantiene una relación tirante con muchas comunidades de pueblos originarios. Tras conocerse la noticia, rápidamente apelaron la decisión de la jueza María José Sarmiento, por lo que todavía la sentencia no se encuentra firme.

La familia Gualmes Carleo llegó al lugar hace muchas décadas. Luis Carleo, en diálogo con ANB, afirmó que “yo nací acá, hace 60 años, y mi familia ya estaba hacía 100 años en este mismo sitio”. Su madre, Clorinda Gualmes, tiene 85 años y es la lonko de la comunidad. 

El lugar se encuentra sobre la ruta 82, a un par de kilómetros hacia adentro de la ruta, en la ladera noroeste del cerro Otto. Allí viven unas 30 personas, en distintas viviendas que fueron construyendo con el tiempo, casas que tuvieron que levantar varias veces, luego de violentos intentos de desalojo.

Años atrás, con la ley 26160, se realizó un relevamiento territorial con el cual la familia Gualmes Carleo logró posteriormente, la mensura de las tierras que aseguran habitar desde hace más de 150 años.

En total son 170 hectáreas que lindan con otra comunidad mapuche, ubicada a pocos kilómetros, en dirección a Villa Los Coihues. Carleo remarcó que en la mensura queda aclarado que hay hectáreas intangibles, que es donde se encuentra ubicado el santuario dela Virgen. “Esa parte permanece para que la gente profese su fe y puedan ir a escalar”, indicó.

El fallo se conoció el 21 de mayo, y la familia lo recibió con alegría. “Es un buen paso para todas las comunidades de pueblos originarios”, sostuvo el hombre acompañado por su hija Lucía.

Si la sentencia quedara firme, la comunidad recibiría el título de propiedad comunitaria, es decir que no podrían vender ni transferir las tierras. “Nosotros no tenemos ningún fin más que continuar viviendo acá, como lo hicimos siempre”, explicó Carleo.

En el lugar tienen algunos animales y algunos invernaderos en los que siembran variedad de verduras para consumo familiar. Años atrás, un mega proyecto turístico puso el ojo en las tierras y la comunidad lo rechazó. “Iba en contra de nuestra cosmovisión, hay que priorizar el cuidado de la naturaleza”, remarcó el hombre en el interior de su casa, calefaccionada a pura leña.

A lo largo de los años, la familia soportó varios intentos de desalojo. Tres son los que recuerda Luis. “Todos con violencia”, enfatizó. El último fue el 29 de junio de 1983, cuando personal del Ejército llegó y les rompieron todo, destrozaron las viviendas, mataron animales. “De milagro nosotros quedamos vivos”, reflexionó.

A pesar de los destrozos, la familia nunca se fue del lugar. “Nos quedábamos en toldos viviendo, hasta que podíamos levantar de vuelta las casas”, recordó y añadió que “el invierno del ’84, con la gran nevada que cayó, nosotros estábamos sin casa todavía, lo pasamos en unos toldos”, manifestó señalando al monte.

Según consta en la sentencia, el reclamo comenzó en 2001, y por más de 16 años mantuvo a la familia en distintos trámites administrativos. La jueza ordena a que “en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al lof Trypay Antú". (ANB)