CTEP a Gennuso: “En Bariloche es casi imposible acceder a una vivienda si no se ocupa”

Este martes, el intendente Gustavo Gennuso criticó la ocupación ilegal del este que se inició el último domingo. “Desde nuestro gobierno no permitimos ninguna toma nunca, tanto sobre terrenos fiscales como en lotes privados. No está bien que se realicen ocupaciones”, aseguró el mandatario comunal, además de agregar que “no hay que usurpar para tener una vivienda".

Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Bariloche respondieron al jefe comunal asegurando que “estamos asistiendo en nuestra ciudad a un nuevo brote de conflictividad por el acceso al hábitat” y catalogaron de “oportunista” las declaraciones del jefe comunal pero aclararon que “la realidad es muy diferente”.

En el texto difundido destacaron que “estudios de la UNRN vienen planteando la insuficiencia de las políticas habitacionales implementadas para asistir a la demanda: al menos 10 mil hogares con déficit habitacional y alrededor de 800 hogares nuevos por año que demandan una solución habitacional. Dos tercios de ese déficit está explicado por hacinamiento. Ante esta realidad ¿qué hacen la gestión municipal y provincial? Poco y nada” e informaron que “por una disputa política con la gestión anterior” las obras del programa Techo Digno se encuentran detenidas.

También sostuvieron que “existen miles de familias viviendo en barrios precarios en nuestra ciudad, con déficit en el acceso a servicios básicos, con viviendas precarias. Este es el problema que debe ser debatido y es acá donde el Estado debe actuar”. (ANB)

Comunicado completo:

Estamos asistiendo en nuestra ciudad a un nuevo brote de conflictividad por el acceso al hábitat. Intentos recientes de tomas en Pilar, Las Chacras, Habana generaron una reacción de parte de la sociedad. Incluso hubo concentraciones en estos barrios de vecinos pidiendo “basta a las tomas”. De forma oportunista, algunos políticos incluido el Intendente salieron a plantear que “no hay que usurpar para acceder a una vivienda”. Pero la realidad es muy diferente.

Estudios de la UNRN vienen planteando la insuficiencia de las políticas habitacionales implementadas para asistir a la demanda: al menos 10 mil hogares con déficit habitacional y alrededor de 800 hogares nuevos por año que demandan una solución habitacional. Dos tercios de ese déficit está explicado por hacinamiento. Ante esta realidad ¿qué hacen la gestión municipal y provincial? Poco y nada. No hay proyectos de loteos nuevos en carpeta, y los existentes de gestiones previas siguen eternamente demorados. Cientos de vecinos organizados en cooperativas y sindicatos tratando de acceder a un lote haciendo todo “en regla” y deben esperar hasta 9 años en algunos casos. La disputa política con la gestión anterior determinó que las obras de 900 viviendas del Techo Digno estén paradas hace casi dos años por el traspaso a la Provincia. Esta gestión puso por delante su cálculo político-electoral que la necesidad de los vecinos. El Instituto parece más un guardián de terrenos privados que un organismo público encargado de atender las demandas habitacionales. La única vez que escuchamos algo de la Presidenta Zannoni es para salir a judicializar una toma.

¿Qué es la función social de la propiedad? Entender que el suelo es un recurso estratégico que tiene que servir al interés común, y el Estado es el encargado de garantizarlo incluso por encima de los intereses de los particulares. Si el lote está ocioso, abandonado, objeto de la especulación inmobiliaria, sin cumplir una función social, es legítimo que el pueblo se organice para darle una utilidad social a la tierra. Desde hace décadas esta práctica es realizada por nuestros pueblos. Raro que un Intendente que inició su trabajo social en Virgen Misionera con pobladores que se asentaron en esa zona se olvide de este principio tan básico, reconocido en el constitucionalismo social y la doctrina social de la Iglesia, por sólo nombrar dos

Existen miles de familias viviendo en barrios precarios en nuestra ciudad, con déficit en el acceso a servicios básicos, con viviendas precarias. Este es el problema que debe ser debatido y es acá donde el Estado debe actuar. Desde la CTEP venimos trabajando a lo largo y ancho del país en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares para lograr una efectiva Integración Urbana de estos barrios, para que esas familias puedan vivir con dignidad. En nuestra ciudad llevamos relevados más de 20 barrios con más de 2 mil familias, que están retirando su Certificado de Vivienda Familiar y están empezando a organizarse para lograr un acceso efectivo a los servicios y la regularización dominial de los terrenos donde viven. En vez de estigmatizar el conflicto por el acceso a la tierra esperamos que la gestión municipal se arremangue y empiece a trabajar en conjunto con la CTEP y todas las organizaciones de base que trabajan todos los días en pos de garantizar el derecho a una vivienda digna. No corramos el foco de la discusión ni alimentemos falsas disputas en nuestro pueblo.