Sigue la polémica por el transporte: ¿Mi Bus miente?

Por Nicolás Malpede

Cuando Mi Bus desembarcó en Bariloche meses atrás anunció con bombos y platillos la inversión de 220 millones de pesos en la compra de 100 colectivos cero kilómetro. ¿Habrá hecho bien las cuentas la empresa? Al parecer, no.

Allá por febrero de este año, cuando la firma sanjuanina se hizo cargo del transporte urbano de pasajeros en la ciudad, su presidente Predro Ponte se presentó sonriente en los estudios de Canal Seis para hablar sobre la llegada de la compañía a la zona.

Orgulloso, el empresario dijo en el programa De la A a la Z que Mi Bus invirtió “solamente” en los 100 flamantes colectivos 220 millones de pesos.

Sorpresivamente, en el anexo 6 del contrato rubricado entre la transportista y el municipio se consigna que el valor de cada unidad (chasis y carrocería) es de 1.953.940 pesos. En tanto, el documento informa que en total, por los 100 ómnibus, el “precio estimado al público” es de 195.394.000.

En el anexo, al que accedió ANB, se especifica que se trata de una centena de colectivos marca Mercedes Benz, tipo ómnibus, modelo OF-1519, año 2017.

El anexo del contrato en cuestión. 

El valor total de la inversión de Mi Bus en las unidades, según la información del contrato, es de 195.394.000. Entonces, a la luz de la documentación y de las expresiones de Ponte, la empresa, en la práctica, gastó 24,606.000 millones menos de lo anunciado.

Desde la firma aseguran que en total se invirtieron casi 300 millones de pesos sumándole diferentes aspectos de logística. Lo cierto es que lo desembolsado concretamente en los ómnibus es mucho menos de lo informado oportunamente por el titular de la compañía.

¿Y la accesibilidad?

El reciente fallo del juez Emilio Riat reavivó la polémica en torno al transporte accesible. El magistrado obligó al municipio a garantizar unidades adaptadas en un plazo máximo de diez meses.

Es que Mi Bus comenzó a operar en la ciudad en febrero con los 100 colectivos 0 kilómetro, pero ninguno de ellos accesibles a pesar de que el pliego de la licitación aprobado por ordenanza establece que “al momento del inicio de la concesión, el concesionario deberá contar con un 30% de unidades 0km y que cumplan con la condición de ser piso bajo o presentar las adecuaciones funcionales y estructurales necesarias para garantizar la accesibilidad”.

Al no incorporar en su flota las 30 unidades accesibles la transportista se ahorró cerca de 30 millones de pesos, ya que un ómnibus accesible ronda los 3 millones de pesos.

Las fuentes especializadas en el rubro consultadas por este medio aclararon que es “imposible” remodelar de manera adecuada las unidades que se encuentran funcionando en la ciudad, ya que “sólo se podría colocar una rampa”.

ANB pretendió comunicarse con Ponte para que brinde las explicaciones correspondientes sobre la situación actual de su empresa, pero los intentos fueron infructuosos.

Cifras más, cifras menos, la realidad es que el transporte público sigue siendo inaccesible para personas con diversas discapacidades.

Las organizaciones sociales locales no cesan en sus contundentes reclamos, pero por ahora siguen sin obtener resultados positivos. (ANB)