Incrementaron las multas por arrojar basura en la calle pero no hay personal para fiscalizar

La basura continúa siendo uno de los problemas que más afecta a Bariloche y parece no haber control al respecto. El año pasado se sancionó una ordenanza que aumentaba las multas a quienes arrojen residuos en la vía pública pero desde el área de Fiscalización argumentan falta de personal. Mientras tanto, el problema sigue a la vista de todos, en una ciudad que se jacta de ser de los puntos turísticos más importantes del país.

Cestos desbordados, perros rompiendo las bolsas, desparramando residuos que no son juntados por nadie y las esquinas colmadas de basura de todo tipo se convirtieron en un escenario clásico diario.

En 2016, el Concejo sancionó una ordenanza elaborada por el edil de Juntos Somos Bariloche, Andrés Martínez Infante para incrementar los costos de las multas a quienes arrojen basura en la vía pública, pero hay un trasfondo que dificulta las infracciones.

Para poder labrar una multa, los inspectores deben presenciar la infracción, es decir que no se aceptan denuncias con fotografías de terceros incurriendo en una falta. Esto se ve doblemente complejizado dado que hay solo 16 inspectores en el área de Fiscalización, y trabajan de a pares. Así, son 8 duplas encargadas de fiscalizar un sinfín de situaciones contempladas en más de 300 ordenanzas. “Nos exigen un montón de cosas sin darnos los recursos”, criticó Rubén Guzmán, del departamento de Fiscalización.

Si bien desde 1970 existía una ordenanza que contemplaba multas a quienes arrojaban basura en la vía pública, los valores estaban totalmente desactualizados, incluso expresados en pesos ley. Por esto, en octubre de 2016 los concejales aprobaron por unanimidad esta nueva tabla tarifaria.

Las infracciones oscilan entre los 500 a 2500 pesos para quienes dejen caer envases, envolturas y otros residuos fuera de los recipientes de la vía pública, hasta rangos que inician con los 10 mil pesos por autopartes, forestales, descarte de obra, industriales, entre otros, monto que sumará 5 mil pesos por cada metro cúbico. También se prevé sancionar con dureza la presencia de patógenos, en este caso el monto variará de acuerdo al peso.

Ahora bien, ¿cómo se fiscaliza? ¿Quién controla la situación? Por el momento es el aspecto más complejo de una ordenanza que parece no haber influido demasiado en el problema. A la falta de inspectores, se le suma que las infracciones tengan que ser labradas en el momento de cometer la contravención, lo que lo hace aún más imposible.

Sobre esto, Martínez Infante informó que trabajan en un proyecto para poder ampliar el rango de pruebas con el que los inspectores labren multas. Precisamente, el concejal pide que se puedan utilizar las imágenes del Centro de Monitoreo para comprobar cuando alguien arroja residuos en la vía pública.

“Estamos trabajando en conjunto con los tribunales intervinientes para estudiar los aspectos legales”, indicó el presidente del bloque oficialista y añadió que según establece el Código de Faltas, “si al momento de cometerse una infracción no está el inspector presente, se pueden agotar los recursos investigativos para comprobar la culpabilidad del acto”.

Guzmán por su parte consideró que es viable la utilización de las imágenes del Centro de Monitoreo pero no así de “cualquier fotografía, ya que pueden estar trucadas”, indicó, pero volvió a remarcar que faltan inspectores en el área. “Nos tienen a pan y agua, pero si nos dieran más recursos, podríamos hacer mejor las cosas”.

Además de la basura en la vía pública, también se convirtieron en moneda corriente los residuos en las veredas de las viviendas particulares y comercios. En el caso de los frentistas, es responsabilidad de cada uno mantener las aceras limpias y libres de basura, caso contrario, “también pueden ser multados”, explicó Guzmán.

“La ciudad está sucia y abandonada, hay lugares por los que ni siquiera se puede caminar por las veredas, pero cuesta mucho controlar esto”, finalizó el funcionario. (ANB)