Piden al gobierno de Río Negro que mejore la situación penitenciaria de Bariloche

El legislador Alejandro Ramos Mejía solicitó al gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck la construcción de un nuevo establecimiento Penal en Bariloche, teniendo en cuenta “la deficitaria estructura del edificio actual que ya no soporta nuevas refacciones y atenta contra la integridad de la sobrecargada población de internos y la seguridad de quienes prestan servicios allí”, remarcó.

Junto al juez de Ejecución Penal Juan Martín Arroyo, Ramos Mejía analizó recientemente la crítica situación penitenciaria local y afirmó que “existe consenso entre los miembros de la Justicia y seguridad, en el hecho de que el establecimiento penitenciario de la ciudad es el que posee las peores condiciones de infraestructura y concentra el mayor hacinamiento de internos, vulnerando así toda la normativa local  e internacional en materia de detención".

“Además del hacinamiento, que es de público conocimiento, el Penal posee instalaciones eléctricas riesgosas, filtraciones de líquidos cloacales en las celdas, problemas con el agua potable, presos que duermen en el suelo, otros que permanecen continuadamente en celdas de aislación por problemas de convivencia –en una situación tortuosa-, entre otros”, señaló el legislador.

El edificio actual “no admite más refacciones,  su configuración y disposición geográfica la convierten  -y en esto también hay consenso- en un edificio peligroso intra y extra muros, donde la población penitenciaria no tiene espacio ni tareas de aprendizaje, ni posibilidades de acceder a una verdadera reinserción, en ello las conclusiones de cualquier visitante son idénticas: Es necesaria la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario, digno, y seguro para todas las personas”, expresó Ramos Mejía.

“La situación del Penal importó a funcionarios judiciales que desde hace tiempo reclama por la una mejora sustancial de las condiciones de detención. A modo ejemplificativo, el juez de Ejecución de la localidad  Juan Martín Arroyo ordenó el 28 de mayo de 2015,  en sentencia de habeas corpus 14 puntos muy claros al ejecutivo provincial en orden a mejorar las condiciones de reclusión de los detenidos”, recordó Ramos Mejía, y agregó que “de esa manda judicial de naturaleza cuasi tutelar solo existen cumplimientos parciales, entre los que -con buena voluntad- se destacan las aulas móviles dispuestas para un adecuado acceso a la educación de los detenidos, y las refacciones sobre uno de los pabellones, que se encuentra (lentamente) en obra,  aun no hay  designación de profesionales (auxiliares, pedagógicos, trabajadores sociales, y psicólogos), no se cumple con el límite de cupo, las citas con los psicólogos (aún en el caso de quienes se reconocen como personas con problemas psiquiátricos) es muy eventual, o incluso – se quejan algunos presos- inexistente y otro tanto  ocurre con la medicina y tareas de enfermería, que son ocasionalmente suplidas por los celadores del Servicio Penitenciario ante la carencia de personal”.

“Por su parte y en igual sentido el Superior Tribunal de Justicia (STJ),  intimó hace cuatro años al Poder Ejecutivo a  construir un nuevo establecimiento Penal, aunque hasta el momento las intimaciones se agolpan en el buzón del gobernador, y poco avance hay en busca de una solución definitiva de la problemática carcelaria en Bariloche, que responde a la misma lógica que a restantes inversiones públicas  de importancia, deudas enormes que las sucesivas gestiones provinciales mantienen con la ciudad”, sostuvo Ramos Mejía.

“Sorprende también que desde el Superior Tribunal de Justicia no se haya instado ninguna vía para compeler al cumplimiento de una manda judicial que le es propia, y que se ha reiterado en el tiempo a través de los jueces de ese poder”, concluyó. (ANB)