Recomiendan al IPPV ejecutar contratos de incumplidores

La defensora del pueblo de la provincia de Río Negro Nadina Díaz recomendó al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) que "ejecute los contratos suscriptos con adjudicatarios de planes que no cumplen con sus deberes ciudadanos y perjudican a sus vecinos", se informó.

El planteo surgió por una situación ocurrida en Bariloche pero, según Díaz, refleja una realidad que se repite en los edificios construidos por el organismo provincial en todo el territorio provincial. 

En el caso que dio origen a la actuación de la delegación local de la Defensoría del Pueblo, la Asociación Biblioteca Popular Ruca Quimn del barrio Ada María Elflein denunció una grave situación edilicia que produce filtraciones, pérdidas de agua y vertido de aguas servidas provenientes de departamentos superiores. 

En el lugar se verificaron inundaciones, deterioro y verdín en las paredes además de óxido en marcos de puertas y ventanas, humedad, contaminación y riesgo para la salud de los adultos y niños que utilizan el espacio, que tiene una importante función social y cultural. 

En 2013, se realizaron reuniones con representantes del IPPV, la biblioteca y los vecinos con la intención de llegar a un acuerdo y resolver la situación. Durante dicho proceso, se supo que el adjudicatario de la vivienda de la que surgían las pérdidas era deudor del instituto provincial. En dicho contexto y ante la negativa de realizar las obras de reparación, sólo quedó la alternativa de la presentación de una demanda civil por daño temido, se explicó.

Tras lo ocurrido con dicho caso, la Defensoría provincial advirtió que existen varios casos de beneficiarios que recibieron su casa pero que no cumplieron con la obligación de pagar las cuotas y, sin embargo, no tienen ninguna consecuencia negativa.

"Además de ser una injusticia para aquellos vecinos que sí cumplieron con los contratos, esto genera problemas de convivencia y riesgo para la salud de terceras personas como se está observando. Creemos que el Estado debe hacer respetar las cláusulas que establecen, cuáles son los mecanismos para quienes no las respetan y avanzar en la desadjudicación de las unidades, como última instancia, luego de agotar todas las vías previstas", expresó Díaz.