Confirman procesamiento de escribana por supuesta estafa al Estado

La Cámara Criminal Primera confirmó el procesamiento de la escribana María Alejandra Aguirrezabala, acusada de cometer 48 hechos delictivos vinculados a la defraudación contra la administración pública por un monto cercano al millón de pesos.

Los jueces Gregor Joos y Marcelo Barrutia rechazaron la apelación presentada por el abogado defensor Raúl Ochoa y tomaron la medida. Héctor Leguizamón Pondal, tercer magistrado del Tribunal, decidió abstenerse.

A la mujer se le atribuyen una serie de delitos presuntamente cometidos entre diciembre de 2001 y junio de 2006, en su condición de doble carácter de escribana pública titular del Registro 84 de esta provincia y agente de recaudación tanto del impuesto provincial de sellos como de las tasas retributivas de servicios del Registro de la Propiedad Inmueble.

Según indica la acusación, “tras recaudar de los particulares los importes correspondientes a los impuestos y tasas, en vez de depositar el dinero a su debido tiempo en la cuenta abierta a nombre del impuesto de sellos y de la DGR en el Banco Patagonia retuvo indebidamente y luego sustrajo distintas sumas de dinero a pesar de que los caudales públicos se encontraban bajo su custodia personal”.

La imputación señala que “obró en convergencia intencional con los fallecidos Eduardo Alberto Tamburini (por entonces su concubino, quién solía realizar los pagos bancarios y gestiones ante DGR) y también con Catalina Hingi (empleada que estaba dedicada a confeccionar las boletas de pago, las declaraciones juradas y también realizar gestiones ante DGR)”.

La acusación sostiene que “utilizó la siguiente modalidad para consumar los ilícitos: una vez recaudados los impuestos y tasas, sustrajo todo o parte de dichos caudales públicos. En la mayoría de los casos depositó una cifra menor en el Banco Patagonia para obtener así un comprobante del formulario 428 con el sello de la entidad bancaria. Para hacer ingresar en error a la administración pública -acerca de lo realmente depositado- y sortear las inspecciones que le pudiera realizar DGR y el Colegio de Notarial, adulteró los comprobantes de depósito obtenidos, borrando las cifras efectivamente depositadas y consignando en letra manuscrita o a máquina el importe que había efectivamente recaudado. De esa forma defraudó a la administración pública provincial en la cifra que se indica para cada caso”. (ANB)