Sobreseen a familia de Dina Huapi acusada de "usurpación"

"El sobreseimiento es definitivo, se terminó la causa", describió el abogado de la familia Riquelme, Alejandro Pschunder, luego del sobreseimiento en el expediente por presunta "usurpación" de una vivienda que había comprado en 1991 y sobre la que posee un boleto de compra-venta.

En rigor, el denunciado y titular de la vivienda, es el padre del joven que con su esposa y sus dos pequeñas hijas -de 1 y 3 años- sufrieron un intento de desalojo –promovido en el marco de la causa penal a cargo del juez Ricardo Calcagno- que movilizó a la comunidad de Dina Huapi en respaldo a la familia Riquelme, y que incluyó el apoyo público de los tres concejales locales Alejandro Corbatta, Leonardo Pacheco, y Armando Capó.

La semana pasada, Riquelme padre fue sobreseído "definitivamente" -explicó Pschunder a ANB- de la causa iniciada en su contra por presunta "usurpación de la vivienda". Tanto "el fiscal de grado como el de Cámara, entendieron que el sobreseimiento de Riquelme padre era procedente, debido a la documentación añadida por la defensa. Era una locura la causa, no existe delito", planteó el abogado.

La familia Riquelme posee un boleto de compra-venta correspondiente a una transacción realizada hace más de 22 años, en 1991. Desde entonces, aunque con alguna interrupción, familiares del comprador viven en el terreno. Según consta en el expediente judicial, se produjeron incumplimientos en el pago de las cuotas acordadas para la compra del terreno, lo cual generó que el propietario original -integrante de la familia Arroyo- volviera a vender el lote. Esos compradores promovieron la acción penal, ya que por vía civil Riquelme demostró la posesión por prescripción de acción de los demandantes.

Para Pschunder, siempre se trató de una "falsa denuncia" la de presunta usurpación de la casa. Riquelme siempre tuvo el boleto de compra-venta y los recibos de pago. Pero lo atacaron, lo denunciaron penalmente porque pensaron que por ser gente humilde lo podían pasar por arriba", consignó el letrado. Además, "tomaron la vía de la instancia penal. Buscaron un artilugio legal. Quisieron sacar a la familia a la fuerza, con el todo el poder de apellidos tradicionales (de Bariloche) y con una acción penal. Eso no es posible", reprochó Pschunder.

En una misma línea, el abogado manifestó que se ratificará el pedido de "juicio político" para el juez de la causa, Ricardo Calcagno, por haber impulsado un desalojo por vía Penal, sin que mediara acción civil que enmarque la medida.

Lo cierto es que cuando Calcagno promovió el desalojo, el propio fiscal de la causa intervino y recordó al magistrado que el ministerio público es el dueño de la acción, y no había solicitado tal medida. (ANB)