Defensora del Pueblo en contra de bajar la edad de "punibilidad"

La Defensora del Pueblo de Bariloche, Andrea Galaverna, expresó su preocupación en relación al proyecto de Reforma parcial del Digesto Contravencional (Ley 532) del gobierno de Río Negro. La funcionaria consideró que dicha medida afecta "en forma directa" a la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, "vulnerando la prohibición del principio de no regresividad al intentar bajar la edad de punibilidad de 18 a 16 años, estigmatizando otra vez esta franja etaria e imprimiéndole una impronta punitiva a problemáticas que no deben ser consideradas desde este enfoque".

En la actualidad, el Código de Faltas de Río Negro establece la edad límite para aplicar una sanción contravencional en los 18 años. Por ello, la defensora opinó que bajar la edad de punibilidad, "vuelve a los jóvenes susceptibles de sanción contravencional e ignora que son sujetos de derechos consagrados por normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos".

Galaverna también se refirió a la posibilidad vulnerar el principio de no discriminación, "estigmatizando a jóvenes cuando transitan una clara situación de aumento de su vulnerabilidad".

De hecho, la Defensoar se refirió puntualmente al artículo 42 de la mencionada normativa, que -según dijo- es contraria a la Ley 26.061 al autorizar al personal policial a tener bajo custodia "niños, niñas y adolescentes en estado de ebriedad, o bajo el efecto de estupefacientes, otorgando competencias que la Ley Nacional sólo otorga a los Servicios de Protección de Derechos de Infancia".

"Lamentablemente, sabemos en manos de qué policía dejaríamos a nuestros jóvenes si esta reforma se aprueba. Una institución que en 30 años de democracia no ha logrado una transformación acorde a lo que demanda la vigencia del orden democrático; una policía que entre sus filas tiene a algunos uniformados que aún siguen cometiendo apremios ilegales, golpea sistemáticamente a los jóvenes en nuestra ciudad, utilizó el gatillo fácil con numerosas víctimas como los asesinatos de jóvenes del alto en junio del 2010", explayó en un parte de prensa.

Asimismo se refirió al caso Garrido, "hoy hay tres imputados policiales a raíz de un incidente de tránsito en que fue demorado el joven Garrido y terminó muerto en un calabozo, presuntamente ahorcado; también se registran casos de uniformados condenados por abuso sexual a una adolescente de 16 años, dentro del Destacamento de Guerrico".

Galaverna insistió en que "se reedita el aparato represor sobre los más vulnerables, se criminaliza la juventud y se yerra en la política pues con esta reforma el Estado decide invertir en reprimir en lugar de invertir en proteger". Además, reveló que, según registros del Poder Judicial, los delitos cometidos por esa franja de jóvenes no superan en el país el 6 por ciento anual "y lejos están de constituir los delitos penales más graves".

"Cualquier reforma que emprenda el gobierno actual en la materia, debe ser respetuosa de los instrumentos convencionales y de nuestra Constitución, resguardando fundamentalmente a la población considerada como grupos más vulnerables, que desde el sistema internacional de los DDHH exige a cada Estado un esfuerzo especial para garantizar sus derechos", concluyó.