Contrarreloj, el Gobierno busca impedir la designación de Contín

De manera sigilosa pero con celeridad, el Ejecutivo motoriza estrategias para evitar que Gustavo Contín sea designado Juez de Faltas. Especulaciones, presiones y negociaciones circulan por los pasillos del Concejo, espacio legislativo que tiene a su cargo la "compleja" decisión de optar entre "el más apto" para el cargo y la obediencia al Gobierno, alternativa que acarrearía un alto costo político y sobreexposición ante la opinión pública.

Por estas horas, el Ejecutivo despliega estrategias contrarreloj -en busca de cooptar voluntades-, que hasta ahora no lograron contrapesar lo que se vislumbra como una votación dividida en el bloque oficialista. Los protagonistas de la antinomia en la bancada, son el edil Alejandro Ramos Mejía (FpV-PJ) y el presidente del Concejo, Ramón Chiocconi (FpV-PJ). El primero se mantiene firme en su determinación –coincidente con la de la Intendenta- de que sea Marcos Miguel el nombrado como Juez de Faltas. Mientras que Chiocconi, planifica votar a Contín, basándose en el orden de mérito fijado en el acta que confeccionó el Tribunal Evaluador, oportunamente revelada por ANB.

Por su parte, la concejala Edith Garro (FpV-PJ), aún no tiene definida su postura, pero en su haber hay un antecedente interesante: a diferencia del resto del oficialismo, votó de manera positiva el proyecto original de la oposición, que proponía la cesión anticipada del 100 por ciento de los honorarios de los abogados del Ejecutivo.

Para poder designar a alguno de los dos candidatos, es necesario reunir una mayoría especial de dos tercios (8 votos) de la totalidad del cuerpo legislativo.

Por último, quien se posiciona en un intrincado dilema, es el edil Mauro González (PVC), quien fue el vicepresidente del Tribunal Evaluador, que a través del Concurso de Oposición y Antecedentes, ubicó a Contín por encima de Miguel, y por amplio margen. Si fuese fiel al informe técnico del equipo que integró, debería votar por Contín, hecho que lo enfrentaría al "martinismo" del que hoy forma parte.

Cuántos concejales concurrirán a la sesión de este jueves, será un dato clave. De no alcanzarse la mayoría especial, cualquiera de los dos postulantes puede exigir la suspensión de la sesión, y solicitar la integración total del cuerpo, para que en una extraordinaria se tome una definición. Así, si el número de ausencias impide que en la votación alguno de los dos candidatos logre los 8 votos, fracasaría la designación esta semana, y el Gobierno lograría tiempo para evitar la exposición política a la que se sojuzgó.

En rigor, ser sometido a votación, ya representa un derecho adquirido por los candidatos, y violarlo, también implicaría una contravención al principio de igualdad, y simbolizaría un cambio en las reglas de juego preestablecidas.

En términos legales, el Concejo se ve obligado a cumplir con la designación del Juez de Faltas, porque luego de la fijación de un orden de mérito y su elevación al Concejo, se complejiza jurídicamente declarar nulo o desierto el concurso.

Al margen de esta posibilidad, no respetar el orden de mérito debería ser fundamentado ampliamente. Y en esa justificación, los ediles hasta podrían incurrir en un acto discriminatorio, por tratarse de razones no objetivas e incongruentes con el resultado del Concurso de Oposición y Antecedentes.

Un antecedente: cuando promediaba el mes de diciembre de 2011, se realizó el concurso para designar a un Juez de Faltas. En ese caso, había tres postulantes, que lograron un determinado orden de mérito luego de la etapa de evaluación. El primer lugar lo ocupó Débora Bietti con 85 puntos, la secundó Mariela Capellino con 78 puntos, y tercera resultó Nora Chaves Caballero con 60 puntos. Si bien la diferencia entre puntajes no es tan marcada como en esta elección, en ese entonces el Concejo respetó a rajatabla el orden de mérito y desde ese momento, Bietti se desempeña en el Juzgado Número 2, y en el Número 1 como subrogante de Contín. En tanto, Capellino fue designada como suplente, cargo que en este esquema, correspondería a Marcos Miguel.

Si bien puede interpretarse que la designación del Juez de Faltas no amerita una "derrota política" del oficialismo, el cargo tiene peso. Sumar al poderío del Gobierno ese área clave del Municipio, no es un tema menor. Allí entra el juego la vinculación del Gobierno con el poder económico -en tanto titular de empresas y comercios-, que en repetidas ocasiones es infractor y debe ser sancionado (o absuelto) por el Juez de Faltas. (ANB)

Carolina Cohen