No le alcanzaron los votos a la oposición para rechazar el veto de Martini

Poco le faltó a la oposición en el Concejo para rechazar el veto que aplicó la Intendenta María Eugenia Martini a la ordenanza que establecía la cesión del 100 por ciento de los honorarios regulados por la Justicia para los abogados del Ejecutivo municipal.

El tratamiento del veto -este martes- desnudó una vez más las diferencias de criterios en torno al tema. El concejal Leandro Lescano (FSP), autor del proyecto original, volvió a plantear sus diferencias "políticas" con el Ejecutivo en torno al tema, y aseguró que el Gobierno "impulsa con otro proyecto transferir a las arcas del Estado el 50 por ciento" de esos recursos. "Esa es nuestra diferencia, nosotros propusimos un 100 por ciento, y el Ejecutivo el 50. No es cierto que haya diferencias o argumentos jurídicos" que justifiquen el veto, agregó.

Avalando esa posición se expresaron el titular del bloque del Frente Grande, Carlos Valeri, y la concejal radical Elena Welleschik.

El oficialismo no hizo uso de la palabra y aguardó la votación, sabiendo que, por la cantidad de ediles presentes, el rechazo al veto no progresaría. Cinco concejales -Lescano, Valeri, Welleschik, Edith Garro y Alfredo Martín- votaron por el rechazo, y tres -Alejandro Ramos Mejía, Ramón Chiocconi y Mauro González- por el aval a la medida tomada por Martini. Ante la necesidad de contar con una mayoría especial -de ocho votos-, el veto quedó firme y la ordenanza 2500 fue derogada. No participaron de la sesión los concejales Carmen Giménez (FSP), Irma Haneck (SUR) y Diego Benítez (Frente Grande)

"Era una oportunidad muy interesante para sumar fondos en pos de mejorar los servicios del municipio", explicó Lescano; mientras que Valeri reiteró que el crédito surgido de las pujas judiciales entre el Estado local y los privados tendría que "ir a las carcas municipales" para "obras y mejoras a favor de los vecinos".

El 14 de abril pasado Martini vetó la ordenanza -aprobada el 30 de marzo- cuestionando su legitimidad legal. La calificó de "nula" e "inconstitucional" y la confrontó con la legislación provincial vigente.

Pocos días después, presentó al Concejo la iniciativa para el reparto de esos honorarios, en partes iguales -50 por ciento para los abogados del Ejecutivo y el otro 50 por ciento destinado a obras viales-, a través de un mecanismo de que transfiere a los letrados la obligación de "celebrar convenios para el pago de honorarios generados por su actuación". Es decir que serán los profesionales quienes tengan que "pagar" el 50 por ciento correspondiente a los honorarios que perciban por regulación judicial.

En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo -con la firma de Martini y el secretario de Gobierno, Daniel Natapof-, sólo se argumentó que la medida se impulsa "en procura de mantener el principio de equilibrio y proporcionalidad". (ANB)