Segunda jornada con sabor agridulce para los procesados por Arbos

Dos testigos comprometieron este miércoles la situación de los procesados por la estafa al Policlínico Arbos. También prestó testimonio frente al Tribunal Oral Federal de Roca el abogado encargado de armar las sociedades a las que le pagaron servicios con los subsidios por casi dos millones de pesos/dólares, y ampliaron su testimonial el ex Intendente Omar Goye -contador de Arbos en 1999, al momento de la supuesta estafa-, y el ex Presidente de la institución, Ovidio Zúñiga. El dirigente gastronómico apuntó al abogado Gonzalo Madrazo como quien "manejó la totalidad de los fondos" (ver nota aparte).

Tras las declaraciones de los testigos, los dos procesados mencionados tuvieron que pedir ampliar la declaración testimonial para aclarar algunos puntos y en el caso de Zúñiga, aportar una prueba del destino de poco más de 800 mil pesos que le pagaron al bioquímico Alfredo Mogensen, quien -según el sindicalista barilochense- tenía derecho de acreencia sobre el inmueble del policlínico.

En tanto que Goye, se limitó a brindar explicaciones técnicas para intentar salvar su situación, luego que Adolfo Foieri -empleado de la Sindicatura General de la Nación- cuestionara la forma en la que fueron obtenidos los subsidios y la metodología de rendición, en la que faltaba documentación.

La jornada arrancó muy caliente. Es que la declaración por video conferencia de Fernando Vargas, con duras calificaciones hacia los imputados fue subiendo de tono y obligó al Presidente del Tribunal, Orlando Coscia, a cortar el vínculo vía internet con el Juzgado Federal de Bariloche y a desalojar la sala.

Vargas integró el Consejo Directivo de Arbos durante siete años siempre como vicepresidente, hasta que la nueva conducción presidida por Zúñiga -desde 1998- lo ubicó como Secretario de Actas.

El también ex miembro de la Asociación Bancaria fue quien a través de una carta documento pidió explicaciones del destino de los subsidios (uno por 185 mil pesos y otro por 1.750.000) y al no obtener respuesta le planteó sus dudas a la síndica Ana María Bessone, quien llevaba adelante el Concurso Preventivo. Además fue quién notificó a la Superintendencia de Salud de los manejos poco claros que tenía la conducción de Arbos.

Vargas en su declaración aseguró que la operatoria fue un "fraude" y "un engaño". Pero después de que varias veces el Tribunal le advirtiera que se limite a contestar con precisión y deje de lado sus constantes acusaciones contra los procesados, el testigo calificó de tendenciosa una pregunta de la defensa que apuntaba a determinar cuál era el pasivo que dejó la conducción anterior del sanatorio, qué había pasado con los empleados y si habían solicitado subsidios a la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud. Vargas desobedeció en varias oportunidades al Presidente del Tribunal y la teleconferencia debió suspenderse, al tiempo que se desalojó la sala.

La estrategia de la defensa era probar que la gestión anterior dejó un pasivo de 14 millones de pesos, que recibió subsidios por 20 millones y que la metodología para obtener esos montos era similar a la cuestionada en esta investigación.

En segundo turno declaró Foieri, quien explicó un informe presentado en la Sindicatura General de la Nación donde hizo referencia a que Arbos nunca presentó la documentación requerida para el otorgamiento de los dos subsidios y a las rendiciones les faltaban comprobantes.

Aunque también reconoció que había más de 46 expedientes en los que él intervino que se encontraban en la misma situación, por lo que el Caso Arbos no era el único.

Y expresó que -violando las normativas vigentes- el dinero fue retirado en efectivo y no con cheque por duplicado.

Luego siguió Jorge Lagos, miembro del Consejo Directivo entre 1998 y 1999, quien dijo "no recordar nada" de los subsidios y que sólo participó en 3 o 4 reuniones hasta que se alejó.

La expectativa en torno a la declaración del testigo Ángel Vainstein, rápidamente quedaron en el vacío cuando ante el Tribunal dijo que su "conocimiento es sólo de los años 1991 y 1992", y que "no sabía nada" de lo que había sucedido con el caso en cuestión.

El último testigo fue José Luis Marinelli, quien creó las dos sociedades que la requisitoria fiscal y el acta de elevación a juicio califican como "fantasma".

El abogado reconoció que era una maniobra "habitual y legal" la de conformar sociedades a nombre de otras personas, y luego transferirlas a quienes las necesiten.

"El contacto fue con Goye por teléfono -dijo- quien me explicó qué características debían tener las sociedades, y luego cuando estaba todo listo viajaron a Buenos Aires para hacer la transferencia del paquete accionario", explicó.

Además confirmó que las conformó a nombre de Fátima Fecha -secretaria de su padre- y Gerardo Hitter -gestor- y que cuando los directivos de Arbos viajaron a Capital Federal se hizo el traspaso del paquete accionario: Fox Valley a nombre de Víctor Carcar y Walter Cortés; y Surtsey, a Gonzalo Madrazo y Omar Goye.

El propio abogado dejó en claro que el manejo de las sociedades es exclusivo del presidente y que el vice está solo para los casos de ausencia del titular, con lo que dejó más aliviados a Cortés y Goye.

El debate tendrá continuidad este jueves, con la presencia del médico Miguel González Robinson, gerenciador de Arbos.

En tanto, se fijó para el viernes la instancia de alegatos de la fiscalía, de la querella representada por la Oficina Anti Corrupción y luego por la defensa. El viernes de la próxima semana será la audiencia para réplicas y palabras finales, donde se espera que declaren Carcar y Cortés. (ANB)