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Comienza el juicio que interpela a la política y el sindicalismo de Bariloche

Finalmente, se pone en marcha hoy la etapa oral y pública por la causa iniciada hace catorce años en relación a una defraudación de 2 millones de dólares al Policlínico sindical Arbos. Están imputados el revocado Intendente de Bariloche, Omar Goye, los dirigentes gremiales Wálter Cortés y Ovidio Zúñiga, el ex candidato a jefe comunal Gonzalo Madrazo, y el referente del sindicato de la construcción, hoy en Neuquén, Víctor Carcar. Seguí por ANB la cobertura del juicio desde General Roca.
23/02/2014 00:00 Hs.
Comienza el juicio que interpela a la política y el sindicalismo de Bariloche
Comienza el juicio que interpela a la política y el sindicalismo de Bariloche

A pocas semanas de prescribir, la Cámara Federal den General Roca iniciará hoy el juicio oral y público de la causa que investiga una millonaria defraudación al Policlínico Arbos de Bariloche.

Finalmente, la Justicia determinará las responsabilidades de Omar Goye, Wálter Cortés, Ovidio Zúñiga, Gonzalo Madrazo, y Víctor Carcar en el supuesto desvío de 2 millones de pesos (dólares en ese momento de paridad uno a uno), ocurrido en 1999.

La figura del procesamiento de los cinco dirigentes políticos y sindicales es "estafa agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".

El impacto político del juicio es innegable en Bariloche. Aún procesados, Goye fue Intendente hasta que la ciudadanía revocó su mandato, en enero de 2013; Cortés fue varias veces electo al frente del poderoso gremio de los mercantiles en Bariloche; Zúñiga sigue liderando el sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómico; Carcar fue electo secretario General de la UOCRA en Neuquén; y Madrazo -luego de ser candidato a Intendente de Bariloche por el Justicialismo- decidió radicarse en la provincia de Mendoza.

En 1999, Zúñiga presidía Arbos (Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales), Cortés era el vicepresidente, Goye era el contador, Carcar el Tesorero, y Madrazo abogado de la entidad.

Desde entonces, y luego del comienzo del expediente, los sucesivos gobiernos municipales y provinciales mantuvieron una estrecha y oscilante relación con dirigentes como Cortés y Zúñiga: en algunos casos, apoyo desembozado por parte de los sindicalistas, acuerdos electorales, y abundaron las fotos de campaña.

El grupo gestionó un aporte del Gobierno nacional por más de 2 millones de dólares, pero el dinero, de acuerdo al auto de procesamiento emitido por el Juez Leónidas Moldes, no se destinó a la superación de la quiebra de la entidad, sino que se repartió en empresas fantasmas y tuvo un fin aún no determinado. (ANB)