César Miguel destacó medida judicial sobre tierras fiscales

El legislador del Frente para la Victoria, y Presiente de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Tierras Rurales, se mostró a favor de la causa iniciada por la Fiscalía de Estado de la Provincia, que buscará obtener la "declaración de nulidad" de la transferencia de dominio de más de 7 mil hectáreas de tierras fiscales al grupo de origen belga "Burco" (Belgian Urban Renovation Company), ubicadas en las cercanías del Alto Río Chubut.

El parlamentario recordó que la Comisión Investigadora (Ley 4744) está llevando adelante las investigaciones relacionadas con las denuncias que oportunamente hiciera el ex legislador Luis Bardeggia, relacionadas con el caso.

"Por ello, la medida cautelar obtenida por la Fiscalía de Estado en el marco de la causa judicial, impedirá que durante su sustanciación se transfieran las tierras a terceras personas, quedando disponibles para el Estado Provincial en caso de que prospere la demanda. En dicho marco, cabe resaltar que es la ley provincial Q 279, la que estipula el `Régimen Legal de Tierras Fiscales’ debiendo ejercer la Provincia de Río Negro la titularidad del dominio sobre las tierras fiscales existentes en su ámbito territorial. En este caso, transferidas en forma irregular por la anterior gestión de Miguel Saiz", señaló Miguel en un comunicado.

Asimismo, recordó que, en ocasión de realizar una recorrida por la zona, "se observó un alambrado que por sus características y testimonios de vecinos se trata de un coto de caza. A raíz de un pedido de informe realizado a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y al área de Recursos Forestales de la Provincia, el Servicio Forestal Andino constató la existencia de dicho coto de caza y la presencia de gran cantidad de ciervos colorados; todo esto sin ninguna autorización por parte del Estado Provincial".

"También, se han recibido diversas denuncias sobre la existencia de una pista de esquí y un complejo turístico sin que tampoco exista autorización, por lo que es imprescindible la actuación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en forma urgente", remarcó.

Por último, afirmó que "la entrega de tierras de dominio público debe ajustarse al espíritu pregonado por la Constitución Provincial en su artículo 75", y que "La búsqueda de nulidad de la venta constituye una reparación social frente a los abusos de poder cometidos por el gobierno anterior, en clara contradicción al espíritu de la ley".