Comunidades indígenas tendrían prioridad en adjudicación de tierras

De acuerdo a la iniciativa, el orden de prioridad para la adjudicación de las tierras sería propuesto por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci), en consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas de la Provincia, incluyendo en ellas a la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, los referentes locales del Consejo de Participación Indígena (CPI) y del equipo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

La legisladora Odarda indicó que "corresponde que sea el Estado rionegrino quien haga valer su potestad como ordenador de todo el sistema jurídico y como titular de los derechos que le corresponden sobre todas las tierras fiscales de la Provincia, para no permitir que se continúe consolidando el actual proceso de desapoderamiento indebido y fraudulento de tierras fiscales, logrando así que las mismas vengan a cumplimentar los deberes que mantiene el Estado rionegrino para con los pueblos indígenas existentes en su territorio".

Según el parte de prensa, la legisladora se refirió a las constituciones de Sociedades Anónimas, a través de las cuales distintos empresarios nacionales y extranjeros se unen con operadores inmobiliarios locales para realizar adquisiciones de tierras y promover la triangulación de operaciones, aprovechando las inconsistencias del sistema legal.

Explicó que "existe un grave riesgo de que se vuelvan a dar los mismos vicios que ya operaron sobre estas tierras, toda vez que durante largos años se ha venido produciendo una enorme estafa al patrimonio público provincial, a través de la cual tierras de incalculable valor ubicadas en zonas de fronteras, áreas naturales protegidas, con nacientes de ríos, glaciares y una importante biodiversidad, han pasado sistemáticamente del dominio público a manos de empresarios privados con un importante poder económico, vulnerando así el espíritu de la legislación vigente, en particular en contra de los derechos de los pueblos indígenas".

Agregó que "corresponde hoy hacer valer tal principio a favor de lo históricamente reclamado por las comunidades indígenas de la región, razón por la cual esta Legislatura cuenta también con facultades suficientes para enderezar dichos actos e imprimirle un tinte de reparación histórica y legal frente a los abusos de poder padecidos sistemáticamente por nuestros hermanos indígenas".