Fracasó audiencia entre el municipio, Provincia y CAPSA

La decisión de la Municipalidad de no negociar su posición en torno a la validez legal del proceso de transferencia del poder concedente del Cerro Catedral, abortó la audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones, y que debía realizarse en los Tribunales de Viedma.

Según pudo saber ANB, el viernes último el Ejecutivo, a través de la Asesoría Letrada, presentó un escrito anticipando su posición, lo cual generó que en el encuentro de este lunes, sólo se cumplieran con las formalidades ante la presencia de las partes. La Provincia de Río Negro estuvo representada por el Fiscal de Estado; por la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA) participaron abogados de Buenos Aires y Viedma; mientras que una abogada de la Asesoría Letrada lo hizo por el municipio. La audiencia estuvo presidida por los jueces Gustavo Azpeitía y María Luján Ignaci.

La postura de la comuna truncó el espacio de negociación, bajo el fundamento de sostener la legalidad del proceso de transferencia del Cerro a manos del municipio. El mismo fue objetado judicialmente por CAPSA con el argumento de que el cambio en el titular del poder concedente modificó las reglas de juego para la empresa concesionaria del manejo de los medios de elevación.

Ahora, se abre una instancia de presentación de pruebas, el juicio continúa su marcha, y la Cámara deberá expedirse sobre el fondo de la cuestión.

Pasadas las 15 horas, CAPSA emitió un comunicado en el denunció que "el accionar del gobierno municipal deja al descubierto una clara intención de querer manejar arbitrariamente una situación que podría haberse resuelto rápidamente".

La empresa "no prestará conformidad a la transferencia porque considera que el Municipio no está cumpliendo con los cargos, como así tampoco ofrece garantías a quien día a día se responsabiliza por la operatividad de uno de los centros de montaña más importantes del país".

CAPSA planteó que "la transferencia del contrato debería sólo atender a la definición de un nuevo poder concedente, mientras que el poder de fiscalización no tendría por qué verse afectado", y cuestionó que "el Ente regulador (EAMCEC) responde hoy a un claro lineamiento político que proviene de la intendencia local, con interpretaciones que generan gran preocupación y rechazo por parte de la concesión".

Finalmente, a través del comunicado, la firma consideró que "el Municipio desaprovechó esta instancia de diálogo y adelanta que habrá una petición concreta a la Provincia para que intervenga y cumpla activamente con sus obligaciones, ya que ellos son tan responsables como el estado local. En adelante se abre una instancia de pruebas y se da continuidad a la demanda judicial", se indicó finalmente.

Por su parte, el municipio detalló que su abogada, Laura Loureyro, "ratificó la postura esgrimida al tiempo de contestar demanda: no resultaba necesario el consentimiento expreso del concesionario para que pudiera realizarse el traspaso del Cerro Catedral desde la órbita Provincial a la Municipal".

Al respecto, la Asesora Letrada, María Marta Peralta, explicó que la postura de CAPSA "es como la de un inquilino reticente a que el propietario venda la casa alquilada", lo que comprendió "es poco razonable, debido a que en manera alguna la locataria podría tener posibilidades ciertas de éxito e impedir la compra venta".

El municipio -a través de un comunicado- expresó que "dicha situación en el marco del derecho público se intensifica aún más ya que tanto la Provincia, como el Municipio velan por el interés público de proteger a la sociedad en su conjunto, marco en el cual es inaceptable la postura asumida por el privado de asimilar su consentimiento a requisito esencial y previo al traspaso". (ANB)