Escándalo con tierras fiscales: procesan a ex funcionarios y "salvan" a privados

El Juez Penal de Viedma Favio Martín Igoldi, dictó el procesamiento del ex ministro de Producción, Juan Manuel Accatino, y de los funcionarios del área de Tierras de la Provincia, Daniel Alberto Tait y Jorge Daniel Belacin, en varios hechos vinculados con adjudicaciones y ventas de tierras fiscales. La actuación de los ex funcionarios fue encuadrada por el magistrado como "fraude a la administración pública por administración fraudulenta agravada en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Asimismo, Igoldi dictó la falta de mérito, por no verificarse una conducta defraudatoria, de la "pata privada" de la triangulación que permitió la enajenación de tierras fiscales a un precio irrisorio y para beneficio de particulares. Así, Alfredo Federico Bertger, Tomas Bergter, Federico Pío Van Ditmar, Damián Miguel Midlin, Marcos Marcelo Midlin, y Ana Maria Trianes, fueron beneficiados por el fallo del Juez.

Paralelamente, el Magistrado corrió vista al agente Fiscal para que "investigue" a "los funcionarios de la Fiscalía de Estado Provincial que intervinieron en los trámites por los que fueran procesados" Accatino, Tait y Belacín, y "la probable irregularidad en la tramitación de otras adjudicaciones y ventas de tierras fiscales fuera del marco legal".

Según se informó desde el Poder Judicial, Igoldi también corrió vista al Fiscal para que analice "la probable comisión de delitos de evasión fiscal, ante la posible adquisición ficticia de bienes por parte de Marcos y Damián Midlin, quienes en realidad lo habrían hecho para Joseph Lewis con la intervención necesaria de Nicolás Van Ditmar". También dio intervención a la Fiscalía de Estado provincial a los fines que investigue "la posibilidad de reintegrar a la Provincia de Río Negro las tierras fiscales indebidamente adjudicadas y vendidas a particulares, e instó a Fiscalía de Estado que inicie un proceso de recupero de las tierras".

Entre los argumentos de su fallo, el magistrado resumió que "las tierras fiscales fueron peticionadas por particulares, transitando todo un proceso administrativo hasta que el Estado provincial -en casi todos los casos- dispuso del bien de manera definitiva", afirmó. Y cuestionó que no se hubiese aplicado "la opción de condición de preferencia o aplicado el decreto Q 545/70 en cuando prohibía la reventa del bien dentro de los 5 años siguientes a la adquisición del particular de parte del Estado".

Igoldi dio por probado el contacto cotidiano entre los funcionarios de Tierras y el ministro, y el conocimiento de Accatino sobre "las escrituras traslativas de dominio de cada una de las parcelas fiscales".

"Los imputados Tait y Belación, en sus respectivos cargos, y el por entonces Ministro de Producción de Río Negro, violaron en los casos que cada uno de ellos intervino el deber de confianza y cuidado para con la cosa ajena. Esto, sin dudas, con el objeto de beneficiar a terceros adquirentes de los predios en perjuicio del erario provincial".

"Esto, claramente, implican actos de administración fraudulenta de bienes públicos cuyo manejo, custodia y administración tenía cada uno de los imputados en su órbitas", subrayó el Magistrado.

A pesar de dar por cierta la existencia de una triangulación en el manejo de las tierras, en detrimento de los intereses del Estado, Igolgi dictó la falta de mérito para los privados. "En relación a la imputación que pesa sobre cada uno de los particulares en el hecho objeto de investigación puede sintetizarse como la de resultar adquirentes en apariencia, beneficiarios de la adjudicación en venta por exiguos montos respecto del valor real de las tierras y que rápidamente las habrían enajenado a favor de terceras personas quienes habrían resultado ser los verdaderos interesados en atribuirse la propiedad", es decir "Marcos Mindlin, Martínez Perez, Trianes, y Valenzuela, Van Ditmar o Bertger según el caso", sintetizó el Juez.

"Se habría simulado -agregó en su resolución- mediante la interposición de terceras personas a fin de lograr la obtención del título de propiedad de los inmuebles por parte del Estado provincial, para luego insertarlos en el mercado inmobiliario contraviniendo la función social y productiva que se procura con su adjudicación, provocando un perjuicio patrimonial al erario público provincial".

Sin embargo, Igoldi interpretó que "no se ha podido acreditar el objeto de acusación. A saber, desarrollo de conductas defraudatorias contra el Estado o en connivencia con los funcionarios públicos prevenidos. Por mas despreciable fin lucrativo que pudieran tener algunos de los particulares imputados, en relación con las mencionadas tierras fiscales, no se puede, sin mas, tener como delictuales sus conductas. Claramente existió un aprovechamiento de parte de los indagados ante la infiel administración de los bienes por parte de los funcionarios provinciales", planteó.

"La adquisición de predios fiscales a precios bajos (o también llamado viles) no puede ser tenida como una conducta defraudatoria de los particulares, ya que este valor -notoriamente más bajo que los de mercado para tierras particulares- venía impuesto por un decreto provincial y sus reglamentaciones. En todo caso, esto lo que hace es tornar mas repudiable la conducta de los funcionarios que colocaban, indebidamente, en el mercado inmobiliario particular bienes que tenían una naturaleza distinta, generando el aprovechamiento de quienes adquirieron esos predios para hacer otro negocio u obtener ganancias", argumentó el magistrado.

Interpretó además que la Fiscalía de Estado "podría hacer revertir el perjuicio sufrido por la provincia y lograr el reintegro de esos predios fiscales que indebidamente salieron del patrimonio estatal".

Finalmente, eespecto de la posibilidad de existencia delitos tributarios indicó que "en los casos de los hermanos Mindlin, aparecen ambos como empresarios radicados en la Capital del país, quienes a sugerencias de Joseph Lewis adquieren tierras en la región. Sin embargo, el desconocimiento de los Mindlin de lo que adquirían, la falta de desarrollo de actividades luego de las compras de los lotes y la intervención de Nicolás Van Ditmar -señalado como "hombre" de Lewis y Lago Escondido- tanto en la adquisición de los predios, la negociación (Damián Midlin dijo que el nombrado estuvo cuando se firmó el convenio de cesión de derechos que adquiría), las mejoras como alambrados y puentes que realiza 'Lago Escondido' sin un acuerdo comercial, resultan ser graves y concordantes indicios de que en realidad, los predios estarían siendo, en realidad, adquiridos por Lewis".

Así, "se podrían estar incurriendo en delitos de competencia Federal como infracción a la Ley de evasión impositiva". El juez dio intervención al Agente Fiscal para que investigue esa posibilidad. (ANB)