Garzón escuchó reclamos por violaciones a derechos humanos en Bariloche

El encuentro entre el Juez español Baltasar Garzón y organizaciones sociales y de derechos humanos de Bariloche, se convirtió en un espacio de catarsis colectiva de amplios sectores de la comunidad que ven violentados sus derechos. Los apremios policiales y las torturas frecuentes en la Unidad Penal III, así como las políticas oficiales en relación a los pueblos originarios y la pérdida de sus territorios; pero también problemas puntuales relacionados con los derechos de los discapacitados; la trata de personas; y las situaciones de marginalidad social a la que se ven sometidos miles de barilochenses; fueron planteados en la reunión de la que participaron también autoridades nacionales y provinciales.

La reciente golpiza que un grupo de jóvenes del barrio Arrayanes sufrió a manos de la policía, fue relatada por las propias víctimas: "Cuando le dijimos a la policía de qué barrio éramos y cuántos años tenemos, nos empezaron a pegar", recordaron. En ese sentido, hubo coincidencia general que la colocación de cámaras de seguridad en las calles "sirve para estigmatizar aún más y para la persecución de los chicos más pobres", según las propias palabras del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación -y organizador del encuentro- Remo Carlotto.

Alejandro Palma -referente del Coelctivo Al Margen- se refirió a los derechos de la infancia, y recordó que "tenemos una ley de la dictadura para tratar a menores que infringen las leyes penales. Necesitamos una nueva ley. Las requisas son una política cotidiana de avasallamiento contra los jóvenes de los barrios de Bariloche. También estamos en contra de ese proyecto de ley que establece instalar cámaras de seguridad en los jardines para monitorear a los niños". Además criticó que "en Río Negro no hay comunidades terapéuticas y en muchos casos, nuestros niños deben ser trasladados a la provincia de Buenos Aires. Queremos que la provincia tome cartas en el asunto".

Desde la Pastoral Carcelaria, se denunció que el Penal de Bariloche "es el penal en peores condiciones de toda la provincia", y que allí conviven "aproximadamente entre 60 y 70 personas tienen entre 18 y 25 años. Son pobres y reincidentes. Quieren estudiar pero apenas pueden terminar el primario. El secundario no existe: sólo dan tres materias. Y en la biblioteca se han quemado todos los libros. No hay tratamiento de la salud. Las adicciones no se tratan. En cuanto a las cuestiones edilicias del Penal, son lamentables", resumió uno de los integrantes de la Pastoral.

También, Germán Schwartz, de la agrupación HIJOS Bariloche, reclamó no colocar las cámaras en las calles, sino dentro de las comisarías y en la alcaidía. "Hay mucho discurso vacío (en relación a los derechos humanos), pero no se cumple nada. Queremos más hechos y no tanto chamuyo", dijo.

Tales descripciones llevaron a Garzó a interpretar que "hay una especial violencia por parte de la policía respecto de sectores más pobres, con gran diferencia en el trato a unos grupos y a otros en Bariloche".

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Néstor Busso, reconoció que la policía "no le obedece", y pidió a los jóvenes y las organizaciones, que se comuniquen de manera directa con él -dio su número de teléfono particular-, porque "no podemos tolerar estas situaciones". Busso reconoció que la intervención posible derivada de una llamada ante casos de este tipo, "no resuelve la cuestión estructural", y admitió que "hay miedo" de muchos vecinos de denunciar situaciones de violaciones a los derechos humanos producidas por policías.

Durante el mano a mano de las organizaciones y vecinos con Garzón y los funcionarios, el magistrado recordó que impulsó en España la colocación de las cámaras en las comisarías, y que dicho sistema colaboró en la "solución, en parte", de hechos como los denunciados. "Esos mecanismos de grabación, sin posibilidad de manipulación, deben ser controlados por los fiscales o jueces", explicó, y en relación a la cuestión de fondo, pidió trabajar para lograr "una policía científica y éticamente preparada".

Carlotto señaló que "la impronta de los Derechos Humanos a nivel nacional no se replica en las provincias", y ejemplificó con casos de trata de personas, violencia institucional o la situación de los pueblos originarios.

En ese marco, anticipó que impulsará la puesta en marcha en Bariloche de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional; y explicó a los representantes de las comunidades mapuche que se trabaja en un proyecto para postergar los desalojos hasta noviembre de 2016, mientras se realiza un relevamiento integral de la situación de las tierras, informe que "no se pudo terminar" hasta el momento, a pesar de la legislación nacional que obliga al Estado a cumplir con ese paso.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados explicó que, en paralelo, debe "romperse la estructura monopólica de los medios de comunicación" que colaboran con la estigmatización de los sectores más pobres y jóvenes de la sociedad. (ANB)