"No fueron casos aislados"

Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, presentes

El 17 y 18 de junio de 2010 fueron días nefastos y dolorosos en la historia de nuestra ciudad. Aquellos sucesos, lamentablemente, no fueron casos aislados ni excepcionales. Forman parte de hechos graves que se relacionan y tienen vínculo directo con la criminalización de la juventud y en ese marco justifica los actos de violencia institucional disciplinadora. No es entonces difícil identificar quién empieza, la policía y quién perpetua el disciplinamiento, la justicia.

Dentro de este relato de marginación, discriminación y muerte, un capítulo importante es el de la violencia policial ejercida hacia jóvenes, mayormente pobres. Violencia Institucional que, pese a los 30 años de democracia, no se ha desterrado. Si bien esta Defensoría celebra los nuevos datos surgidos de los peritajes, reclama el pronto juicio y esclarecimiento de estos asesinatos. No se puede seguir ignorando el dolor de esas familias cada 17 de mes.

A lo largo del tiempo, se ha visto a la juventud como un grupo del que se desconocen sus características, necesidades, vulnerabilidades y realidades. Se trata de una población invisibilizada, pese a ser en Bariloche un grupo de 24. 000 personas de entre 14 y 25 años. Los Derechos Humanos, es necesario recordarlo, son también de los jóvenes, por tanto tienen derecho a la Vida, a la Integridad Personal, a la Justicia; a la Identidad y Personalidad Propias, al Honor, a la Libertad y Seguridad Personal, etc. sin distinción de sexo, edad, etnia, nacionalidad, condición socioeconómica, creencias políticas o religiosas.

En el año 2005, Argentina dio un paso trascendental con la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, hecho que inaugura una nueva etapa en la historia de la infancia de nuestro país que pone fin a casi cien años de patronato. A partir de la aplicación de esta norma, niños, niñas y adolescentes dejan de ser entendidos como objetos bajo la tutela del Estado para pasar a ser reconocidos como sujetos de pleno derecho, esto es, un cambio de paradigma. Las y los jóvenes son actores protagonistas y sujetos de acción y decisión política. Por eso, debemos procurar trabajar en la construcción de políticas públicas impulsadas desde el territorio con y desde las juventudes a partir de sus voces, intereses y propuestas, reconociendo la pluralidad de formas de participar en las que se expresan en la vida cotidiana.

Los trágicos y lamentables sucesos de violencia institucional, homicidios vividos el 17 y 18 de junio de 2010 en Bariloche impulsaron la creación de normas provinciales y municipales que buscan generar conciencia en materia del respeto al cumplimiento de los derechos humanos de los y las jóvenes. El reconocimiento de derechos es el resultado de una larga lucha histórica, pero también es el inicio de un camino de construcción colectiva, que posibilite el goce de esos derechos consagrados en el cual el Estado tiene un rol central. Hemos avanzado, pero el camino hacia el goce efectivo y pleno de los derechos, requiere redoblar nuestros esfuerzos, en especial en relación a las poblaciones y colectivos más vulnerables.