Crudo diagnóstico de la Defensora del Pueblo sobre la Unidad Penal

Durante el relevamiento realizado por funcionarios del organismo de control -que incluyó además las Unidades Penales de Viedma, Choele Choel y Roca- se pudo comprobar la "falta de capacitación profesional del personal penitenciario, quienes también carecen de uniformes identificatorios y de trabajo (sólo un pequeño porcentaje cuenta con ellos)". Díaz informó que "tampoco poseen adecuado equipamiento de seguridad: no hay chalecos ni escudos protectores 'antifacas' y existe una insuficiencia de cascos, municiones, esposas, etc.", dijo.

Las cárceles de Bariloche, Choele Choel y General Roca "se encuentran ampliamente superadas en su capacidad de internos lo cual representa una situación de hacinamiento de los internos que se encuentran alojados allí", criticó la Defensora, y detalló que "se advierten deficiencias en los sistemas de comunicación, tanto los que se utilizan para contacto interno (elemental para la seguridad del penal) como las líneas fijas para que los internos puedan comunicarse con los familiares y de esa manera erradicar los celulares".

Sobre las instalaciones edilicias de la Unidad Penal III explicó que "se encuentran en muy mal estado, prácticamente inhabitables", ya que "se advierten goteras en todos los techos, problemas en las calderas, por lo que el frío y la humedad son permanentes".

Díaz recordó que "si bien están previstas refacciones integrales que comenzarían en 30 días y que tendrían una duración de 10 meses, cabe preguntarse qué pasará durante todo el invierno con los internos".

Por otra parte los trabajadores de los penales manifestaron "no contar con patrocinio legal: Ellos expresan que son permanentemente denunciados por los internos y que el defensor oficial no los asesora por lo que se ven obligados a contratar uno privado".

En su crítico informe, apuntó "la ausencia de psiquiatras en algunas unidades", situación que "afecta tanto a los trabajadores como a los internos".

"Tampoco existe tratamiento terapéutico especializado para los internos que llegan con avanzados problemas de adicción. Esto provoca serios inconvenientes de conducta y situaciones que son imposibles de manejar en un ámbito en el que no está prevista la recuperación de personas con problemas psicológicos y psiquiátricos producto del consumo de drogas. Además trae aparejado que, de manera permanente, se ingrese o se intente ingresar droga a las cárceles", reseñó la Defensora.

"¿Si la droga no se puede controlar en los ámbitos de máxima seguridad de la provincia como son las cárceles, cómo podremos combatir este flagelo en los barrios más conflictivos de las ciudades rionegrinas?", se preguntó Díaz, y agregó que es "imperativa la necesidad de crear espacios específicos con profesionales e infraestructura para el tratamiento de los internos adictos a las drogas".

Luego de trazar este escenario -que "afecta los derechos de los reclusos y de los trabajadores del ámbito penitenciario- la Defensora del Pueblo solicitó un "amplio y urgente informe a la Secretaría de Seguridad de la provincia sobre la situación actual del Servicio Penitenciario y las medidas previstas a implementar para mejorarlo".