"Lanatizados", presentan proyecto para garantizar libertad de prensa

Subidos al carro de la victimización periodística instalada por Jorge Lanata -quien sin argumentos anticipó que el Grupo Clarín sería intervenido y su programa televisivo levantado-, legisladores radicales de Río Negro presentaron un proyecto de Ley para "garantizar pleno ejercicio de libertad de expresión" en la Provincia.

La iniciativa repite conceptos básicos y preexistentes sobre los derechos de la prensa y la libre circulación de opiniones, en sintonía con los decreto de necesidad y urgencia firmados por el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el Gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota.

El proyecto estipula que "la provincia de Río Negro garantiza en su territorio el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de opinión y la vigencia absoluta de la libertad de prensa, conforme a los principios que establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales que la integran y la Carta Magna rionegrina".

Fue presentado por los legisladores de la Alianza Concertación Adrián Casadei, Dario Berardi, Bautista Mendioroz, Alfredo Pega, Héctor Funes, Francisco González, Daniela Agostino, Alejandro Betelú, Leonardo Ballester y Cristina Uría.

Los parlamentarios destacaron que "las libertades de prensa y de expresión son garantías constitucionales expresamente consagradas por la Constitución de la Provincia de Río Negro, en consonancia con las prescripciones de la Constitución Nacional, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y normas concordantes de Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional". De esta manera, ratifican que existen ya las normativas y contexto jurídico que garantizan el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de prensa y expresión.

"Tales garantías constituyen además la salvaguarda de las restantes libertades y derechos constitucionales, resultando asimismo esenciales para la existencia del sistema republicano, en tanto constituyen herramientas necesarias tanto para el pleno ejercicio de los derechos como también para el debido control de los actos de gobierno, haciendo posible su conocimiento por los ciudadanos", sobreabundaron los legisladores de la UCR.

En el proyecto, incluso, admiten que los recientes antecedentes de Buenos Aires y Córdoba, los "motivó" a "seguir la línea por aquellos iniciada, de garantizar tales libertades y derechos, visibilizándolos ante la sociedad, y colocando esta cuestión en la agenda pública provincial".

Describieron también que "el 14 de este mes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del decreto de necesidad y urgencia Nº 2 aprueba el 'Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión', entendiendo que el adecuado ejercicio de los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa resultan imprescindible en toda sociedad democrática, pero muy en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la diversidad y pluralidad en su conformación exige un especial cuidado a la hora de resguardar la existencia de los canales y medios de comunicación apropiados para esas manifestaciones".

En ese marco, los legisladores radicales arriesgaron: "En los últimos días se han registrado ataques contra dos de los pilares de un sistema democrático: la independencia de la Justicia y la libertad de prensa".

"Las amenazas y hostigamiento a que han sido sometidos periodistas y medios de comunicación, evidencian una situación de peligro inminente para una de las más importantes libertades que garantiza el Estado de Derecho. Más allá de la gravedad individual de cada uno de estos hechos, es el conjunto de ellos lo que permite afirmar la seriedad de la situación en materia de libertad de expresión. Se enfrentan y tensionan derechos procurando generar conflicto entre ellos, que torne en superior a uno de ellos sobre los otros, cuando lo lógico en un estado de derechos es que reine el equilibrio, y en caso de conflicto, sea la Justicia la que nos indique cual es el punto de equilibrio entre ellos", consignaron en la propuesta de ley.

Los legisladores de la Alianza resaltaron en la iniciativa la "vigencia de Tratados Internacionales sobre la materia, que gozan de jerarquía constitucional y dan especial y específica protección a la libertad de expresión", vigencia, precisamente, que hace más llamativa la elevación del proyecto en cuestión. (ANB)