Contralor busca ampliar sus facultades sancionatorias

El Tribunal de Contralor remitió al Concejo Municipal un Proyecto de Ordenanza para sancionar de manera más rigurosa, a aquellos funcionarios públicos que transgredan la normativa vigente. Se establecerán así modificaciones para equiparar las multas económicas al daño cometido contra el erario público.

El órgano de control apunta a evitar que se reiteren los incumplimientos de funcionarios públicos, encargados de la administración municipal. La iniciativa fue elevada hace meses, pero presenta importantes dilaciones en su tratamiento legislativo.

En líneas generales, los cambios propuestos por el Tribunal giran en torno a un significativo aumento del monto de las multas y además, en caso de daño al erario público, establece que el funcionario deberá resarcir al Estado, con el monto equivalente al perjuicio producido.

Hasta el momento, el Contralor puede aplicar multas, sin perjuicio de la reparación del daño, de hasta el 20 por ciento de la retribución mensual del funcionario. Con la nueva norma, en tratamiento legislativo, podrá llevar las multas -como monto máximo- al 30 por ciento de la retribución bruta del Intendente Municipal.

En cuanto a la reparación del daño efectuado por el funcionario público, el Proyecto de Ordenanza plantea que se modifique y se autorice al Tribunal a aplicar "una multa resarcitoria por el importe en el que se vea menoscabada o perjudicada la hacienda pública".

En ese sentido, Núñez explicó que los montos actuales resultan "exiguos", considerando que -según figura en el Proyecto- "la mayoría de los casos investigados, tienen relación con importantes violaciones a las normativas vigentes". Y, en algunos casos como el del ex intendente Omar Goye, "se producen en casi simultaneidad" y "los juicios de responsabilidad son largos procesos a causa de etapas como el derecho de defensa", puntualizó.

En la normativa se ejemplifican algunos casos: "La no restitución de los fondos específicos al cierre del ejercicio fiscal, la concreción de un proceso licitatorio fuera de la normativa, la no contestación de informes efectuados por el Tribunal de Contralor, la firma de convenios, pases, contratos, actas, sin contar el funcionario actuante con facultades para hacerlo".

En la norma aún no sancionada por el Concejo, también se plantea la necesidad de prorrogar los plazos en el que se puede "sustanciar el sumario administrativo", ampliándolo de 60 a 90 días. El sumariante, tiene una figura similiar a la del fiscal, en la Justicia ordinaria.

Los autores del Proyecto de Ordenanza son los tres miembros del Tribunal de Contralor, el presidente, Damián, Fuentes; el vicepresidente, Carlos Freire; y la vocal del cuerpo, Daniela Núñez. (ANB)