Cooperativas reclaman ser incluidas en las 26,5 hectáreas

Continúan los conflictos con las 26,5 hectáreas del barrio El Frutillar. Tras repetidas polémicas y la firma del boleto de compra venta con una cooperativa, otras dos entidades reclaman acceder a los lotes sociales. "Nuestra Tierra" y la ex mutual "Amegha", pidieron al Ejecutivo ser incluidas en el loteo de las tierras expropiadas por el Municipio.

Es que, de hecho, las cuatro cooperativas hasta el momento beneficiadas -una ya firmó el boleto y tres reclaman algunos cambios en el acuerdo- desarrollarán sus proyectos habitacionales ocupando menos de la mitad de los terrenos disponibles en el sector.

Las familias que integran "Nuestra Tierra" y "Amegha", aseguraron a ANB que firmaron un acta compromiso con el ex director del Instituto de Tierras y Viviendas, Gustavo Gennuso, para ser incorporadas al loteo social, en iguales condiciones que las cuatro cooperativas, es decir a un costo de 30 pesos el metro cuadrado.

En diálogo con este medio, Gennuso sostuvo que "con una Ordenanza mediante, las dos agrupaciones deben ser incluidas en las 26,5 hectáreas". En ese sentido, indicó que desde el Instituto se las convocó oportunamente porque sus integrantes "habían sido víctimas de estafas" y se resolvió asignarles lotes en el barrio El Frutillar. "Lo hicimos porque hay tierra disponible y eran necesarios más grupos cooperativos para solventar la expropiación", explicó el ex funcionario.

En una misma línea, detalló que el acta compromiso fue firmada en el mes de noviembre de 2012, y tras la crisis institucional en la ciudad y su alejamiento de la dirección del Instituto de Tierras y Viviendas, "no se pudo presentar el Proyecto de Ordenanza que habilita a que las dos cooperativas puedan ser incluidas en el loteo social del barrio El Frutillar". En ese sentido, Gennuso confió a ANB que el proyecto correspondiente "está en el Instituto".

En ese sentido, los integrantes de "Nuestra Tierra", indicaron: "No fuimos a reclamar al Instituto, porque ahora lo preside Mariel Trigos, quien fue parte de Valle Azul, el proyecto (habitacional) que nos estafó y contra el que prestamos una denuncia penal y una réplica del reclamo en la Oficina de Atención al Consumidor". También criticaron que "la intendenta haya firmado un convenio con Valle Azul, para darle facilidades de pago. Es que Martini no se informó sobre la denuncia penal que pesa sobre esa agrupación", entendieron.

En tanto, Gennuso sintetizó: "Las tierras están, y el Proyecto de Ordenanza también. No debería haber problemas para que las cooperativas sean incluidas en las 26,5 hectáreas. Pese a que fueron estafados por privados, la gente es merecedora de la tierra y el Estado debe actuar". (ANB)