Qué dice en su defensa

El Intendente respondió a las imputaciones realizadas por los Concejales en el texto de la ordenanza de suspensión y revocatoria de mandato, y anticipó que judicializará el proceso.

En el escrito presentado por Mesa de Entradas del Concejo -ver nota aparte-, Goye trata la iniciativa aprobada por mayoría como una "pseudo ordenanza", y desconoce su valor institucional.

"Quien la promulgó (por María Eugenia Martini) no era a ese momento y aún ahora Intendente de Bariloche, lo que implica una nueva conducto delictuosa", disparó.

El descargo trata, punto por punto, las imputaciones, y agrega, como dato saliente, un "contexto" en el que se habría producido su suspensión, vinculando los hechos con su oposición al intento de la Provincia de recuperar el manejo -y cobro de canon correspondiente- del Cerro Catedral.

Para Goye, las explicaciones del inicio de la revocatoria deben buscarse en su decisión de "oponerse al Gobernador de la Provincia, para no perder la soberanía Municipal del Cerro Catedral. La actual administración provincial proponía volver a crear por Ley el Ente Regulador de la Concesión del Cerro Catedral, con participación de tres miembros titulares". Dicho Ente se financiaría "con el 30 por ciento del canon anual, que hoy percibe íntegramente la Municipalidad", explica Goye en el escrito, y cita como fuente de su afirmación el Acta Acuerdo Complementaria "incorporada como instrumento público en el expediente 0006/2010, que tramita en la Cámara de Apelaciones Civil de Viedma, que por supuesto, no firmé", dijo.

Para el suspendido Intendente, ceder a esa pretensión "sería resignar la lucha de todos los barilochenses de buena voluntad. Sería resignar la lucha de mas de treinta años, por la absoluta consolidación del Cerro para Bariloche. Acceder a una presión de este calibre, implicaría tener que abandonar e irme de la ciudad que me vio nacer y crecer. Y no estoy dispuesto a resignar estos principios", señaló.

Goye dijo que los concejales "mintieron en forma reiterada" en "cifras y hechos", y "desconocieron supinamente la Constitución Nacional, tratados internacionales, el Código Civil, las leyes laborales. Mostraron desconocimiento de los derechos humanos en cuento desconocieron los cuerpos legales que los resguardan", dijo, y explicó que la ordenanza de suspensión e inicio de la revocatoria "no está promulgada".

El extenso informe presentado puntualiza, por ejemplo, en relación a sus constantes viajes a Buenos Aires que fueron "menos" y de "menor cantidad de días" que los incluidos en la Ordenanza. Según el cálculo del suspendido Intendente, en total fueron 65 días y no 90, los que permaneció en la Capital. En tanto, explicó que los viáticos cobrados por ese concepto fueron de 38 mil pesos y no 75 mil como criticaron los concejales.

En relación a los cuestionamientos por la cantidad de funcionarios políticos designados, Goye recordó que el organigrama "fue aprobado por el Concejo".

Desestimó asimismo irregularidades en el manejo de una "caja chica", ya que, según argumentó, existe normativa sobre la conformación de "fondos de urgencia".

En cuanto a las críticas por el manejo de la cartelería en la vía pública, el suspendido Intendente planteó que "no hay sentencia" del Tribunal de Contralor en relación al tema: "No pueden los concejales sacar conclusiones por adelantado, ya que no son el órgano jurisdiccionalmente pertinente para ello", planteó.

Goye no concuerda con que el desmanejo de la cartelería haya provocado un perjuicio al erario.

En materia financiera, el apartado jefe comunal destacó que logró "bajar la deuda municipal en veinte millones de pesos, en sólo un año de gestión. Pese a ello hablan de ineptitud, negrligencia e irregularidades en el manejo de los fondos públicos", se quejó.

Criticó a los los concejales por actuar "con demora, lentitud, causando además en muchos casos serios perjuicios a la administración municipal y a sus finanzas", fundamentalmente por el tiempo de análisis de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria. Recordó también que sólo hubo 16 sesiones en el año 2012.

La extensa defensa incluye el tema del ocultamiento de las Resoluciones, y las dificultades en el acceso a la información pública. En ese sentido, Goye recordó que el tema fue "subsanado" en un plazo breve.

Finalmente, el suspendido Intendente se abocó a fijar su postura en relación a los saqueos del 20 de diciembre. Cargó contra los concejales que "también forman parte del gobierno", y los acusó de, como él, saber de los rumores sobre posibles hechos como los ocurridos. En ese sentido, planteó que el edil del Frente Grande, Carlos Váleri, se reunió con supermercadistas para advertirles por la situación.

"Reiteran (los concejales) que durante 12 horas no planifiqué ni ejecuté ninguna acción. No les bastó que la señora Presidenta (Cristina Fernández) dijera por cadena nacional que la seguridad como concepto global que incluye la protección de vidas humanas y bienes de los ciudadanos es una cuestión de absoluta responsabilidad provincial, mal que le pese al gobernador, a su ministro de Gobierno responsable directo de la Policía. Ministro (por Luis Di Giácomo) que es muy rápido para asignar responsabilidades por adelantado, para mantener conversaciones supuestamente secretas con quienes después dice que no habla porque se tratan de delincuentes", concluyó. (ANB)