Sentencia
Ratificaron la indemnización para damnificados por proyectos inmobiliarios fallidos
127 familias fueron afectadas por el proyecto de los barrios Nahuel Hue II y San Juan, que nunca se materializaron pese a que habían pagado las cuotas.
Luego de varias instancias procesales, quedó firme una sentencia que ordena indemnizar a 127 familias afectadas por dos proyectos de desarrollo inmobiliario que nunca se concretaron. Las dos personas que deberán pagar la compensación, ya fueron condenadas también en el ámbito penal.
Los proyectos inmobiliarios, denominados "Barrio Social Nahuel Hue II" y "Barrio San Juan", fueron prometidos pero nunca se materializaron, aunque las personas damnificadas habían pagado cuotas para lotes y viviendas.
Solidariamente, un gremio y una consultora también deberán abonar, aunque no formaron parte de la sentencia penal.
Así, Unión Personal de la Nación seccional Río Negro -UPCN- y a la Consultora de Soluciones Patagónicas SRL -COSPAT-, junto a Walter Urs Kopprio y Claudio Helmuth Oyarzun Salgado deberán resarcir a los damnificados.
El proceso judicial, iniciado en el Juzgado Civil de Bariloche, estableció que todos los involucrados en el proyecto son responsables de manera solidaria y concurrente por el daño ocasionado y se les exige compensar económicamente a los damnificados.
Esta decisión fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Bariloche y el STJ, que rechazaron los recursos de apelación presentados por los demandados.
Además, en un contexto relacionado en el fuero Penal, Walter Urs Kopprio fue declarado coautor penalmente responsable de estafas reiteradas en un juicio abreviado, recibiendo una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Los demandantes describieron cómo se promocionaron los proyectos desde 2009, indicando que los pagos se realizaban en la sede de UPCN en Bariloche, donde también se exhibían planos y maquetas de los proyectos.
Con el tiempo, y debido a la falta de avances y la ausencia de trámites apropiados para la construcción, los afectados iniciaron reclamos y denuncias, lo que culminó en la demanda judicial.
El tribunal reconoció un daño moral adicional por el abuso de confianza y la desilusión causada a los damnificados, quienes vieron frustrados sus proyectos habitacionales y económicos.
