Denuncian al Gobierno por la compra del avión provincial

El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, presentó una  denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, en el proceso de compra del nuevo avión provincial.

Barreno catalogó a la aeronave “de lujo” y aseguró que “se gastaron 4.239.990 dólares por un modelo 1994, que tiene capacidad para 8 pasajeros, una autonomía de 4 horas de vuelo y que recientemente protagonizó un accidentado vuelo que terminó con un aterrizaje forzoso en Salta, debido a un desperfecto en el sistema de frenos”.

“Entendemos que es necesario que la Justicia investigue esencialmente sobre la razonabilidad y la conveniencia del precio”, expresó.

Entre otros puntos, el legislador argumentó que “la operación se realizó a través de un intermediario: se contrató a una empresa poco conocida en el universo aeronáutico, para adquirir una aeronave que estaba a la venta en Estados Unidos a 2,3 millones de dólares. Es decir, la mitad de lo que finalmente se pagó”.

Según la licitación, el avión tiene destino de vuelos sanitarios con sus configuraciones para transportes de pasajeros y/o carga. “Sin embargo, la Provincia tiene contratos vigentes para vuelos sanitarios y uso de la gobernadora por más de USD 3 millones”, remarcó el representante opositor.

Barreno, además, indicó que  “la operación estuvo enmarcada en una investigación judicial a nivel federal sobre todas las compras de aviones en los últimos dos años, que tiene como objetivo saber si hubo casos de sobrefacturación pero también se sospecha de maniobras al borde de la ilegalidad para obtener los dólares al valor oficial, con autorización del Banco Central”.

También comparó con el caso de La Pampa cuyo gobierno adquirió una aeronave similar, en octubre del 2020, más moderna y por la suma de 1.999.000 dólares.

“En el marco de la severa crisis financiera y económica que atraviesa la provincia de Río Negro desde hace varios años […] es de vital importancia esclarecer las circunstancias y determinar si el proceso de compra se ajusta a lo establecido por la norma”, aclaró el parlamentario.